Carolina Buceta integra la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) desde su fundación en 1998, y cumple su segundo mandato consecutivo como presidenta de la organización. La red tiene por objetivo promover los derechos de las personas con discapacidad, haciéndolos valer en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural, y garantizando la equiparación de oportunidades.

REDI cuenta con 10 miembros en su Comisión Directiva y personas que se acercan a colaborar. Históricamente, la organización está formada por diferentes personas con discapacidad –profesionales del derecho, la sociología, la psicología y periodistas– que pueden utilizar su saber vocacional para lograr los objetivos perseguidos. La red trabaja a nivel nacional, pero actúa a nivel internacional por medio de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).
 

Inicialmente REDI enfoca su trabajo en el problema de la accesibilidad y luego expande su temáticas a diferentes áreas, como transporte, salud, acceso a la justicia y trabajo. La propuesta es promover una visión social de la discapacidad, en contraposición con un modelo médico. Su presidenta lo explica del siguiente modo: “¿Que quiere decir ver la discapacidad desde un paradigma social? Que no sólo tiene que ver con la disfunción que se tiene en determinado órgano –o determinado condicionamiento– sino que, en realidad, las barreras arquitectónicas, comunicacionales y de toda índole hacen que esa discapacidad sea más discapacitante. Esa es la diferencia. Nosotros creemos que si una ciudad es más accesible, si el acceso a la información es más accesible, el acceso al trabajo es más equiparado, la discapacidad disminuye como tal”.

REDI impulsa el protagonismo de las personas con discapacidad en la lucha por sus derechos humanos y lleva a cabo las siguientes acciones: denuncia del incumplimiento de las normas vigentes que resguardan el pleno goce y ejercicio de los derechos; generación de espacios deliberativos sobre políticas y legislación tendientes a la plena inclusión; y divulgación de la problemática en la opinión pública con el fin de concientizar a la sociedad.

Para desarrollar varias de sus acciones la organización precisa trabajar con los legisladores. Por ejemplo, la ley 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Estado tiene la obligación de incorporar un 5 por ciento de personas con discapacidad en su planta laboral. Sin embargo, otra norma (ley 3230) suspende por un año la entrada en vigencia del cupo laboral y REDI aboga por su derogación. En este sentido, concreta reuniones con asesores, visita a casi todos los despachos y expone de qué manera se perjudica al colectivo de las personas con discapacidad. Los materiales escritos y las reuniones son cruciales para brindar a los legisladores las herramientas y los argumentos pertinentes para justificar la derogación de la norma que prorroga el cumplimiento del cupo. Ente estos argumentos, REDI destaca que la Ley 3.230 es inconstitucional, que es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que no se consulta a las organizaciones de la sociedad civil para darle curso.

Si bien no se logra la derogación de la ley 3230, estas acciones ilustran una estrategia proactiva y sistemática de trabajo con el Poder Legislativo. La labor de proveer información e incidir en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires potencia la presentación de proyectos en la temática, y REDI se posiciona como referente y experta en discapacidad.
 

 Esta experiencia pone de manifiesto algunas estrategias que se pueden utilizar para impulsar temáticas históricamente relegadas e incorporarlas en la agenda pública.

• El trabajo cotidiano y sostenido con el Poder Legislativo, la elaboración y difusión de argumentos que los actores políticos pueden utilizar para viabilizar demandas, pueden contribuir a posicionar a la organización como un interlocutor de referencia en la temática en la que se busca incidir. La presidenta de REDI reflexiona cómo, a partir del trabajo realizado en la Legislatura, se les fueron abriendo poco a poco otras puertas, y los asesores les ofrecen colaboración ante cualquier inquietud o iniciativa que tenga la organización.

• La apuesta por establecer vínculos con el Estado por medio del diálogo con los representantes puede permitir conformar nuevas e inesperadas alianzas. Cuando se trabaja para hacer incidencia legislativa, estos vínculos pueden ser clave para lograr instalar discusiones o promover reformas legales.

• Por medio de la instrucción de legisladores, asesores y otros funcionarios públicos, se pueden dejar capacidades instaladas en el tema y proveer argumentos e información necesarios para legislar.