Se cumplieron cinco años de la muerte de Ana María Acevedo, la joven santafesina que murió porque le negaron su derecho a acceder a un aborto terapeútico.

(Buenos Aires, 18 de mayo de 2012) - Ana María Acevedo, de 19 años, madre de tres hijos, semianalfabeta y dependiente de un plan social, concurrió en septiembre de 2006 al centro de salud de su localidad, en Vera -al norte de la provincia de Santa Fe-, por un recurrente dolor de muelas. Realizada la extracción, acudió nuevamente al lugar por un fuerte dolor que aún sentía. Fue derivada al Hospital Cullen, en la capital provincial, en donde se le diagnosticó cáncer en la zona maxilar, y luego derivada al Hospital Iturraspe de la misma ciudad. No se le informó sobre los riesgos de quedar embarazada para cumplir el tratamiento de su enfermedad, y en noviembre se le confirmó un embarazo de un mes. El radioterapeuta manifestó que aunque para este tipo de cáncer el tratamiento adecuado era radioterapia, ésta no debía practicarse por los efectos nocivos sobre el feto. El Comité de Bioética del Hospital dictaminó en el mismo sentido.

A pesar a las reiteradas solicitudes de los padres de Ana María de practicarle un aborto terapéutico, incluido en el Art. 86 inc. 1 del Código Penal, esta posibilidad fue negada sistemáticamente por los médicos del hospital, que se limitaron a administrarle analgésicos.
A las 22 semanas de gestación se le practicó una cesárea de urgencia porque, según uno de los médicos que la atendía, “la paciente se encontraba pre-mortem”. La bebé murió a las 24 horas y Ana María falleció a los 20 días, el 17 de mayo de 2007.

La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, en representación de los padres de la joven, inició una querella penal a los médicos por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de la cual fueron procesados en primera instancia en agosto de 2008 cuatro médicos de la ciudad de Santa Fe (entre ellos el ex director del Hospital Iturraspe y profesionales de las áreas de Oncología, Ginecología y Radioterapia) y dos médicos de Vera (la entonces directora del Centro de Salud y un miembro del Consejo de Administración del Samco) . A fines de ese mismo año, la decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelación Penal.

Este caso evidenció los avasallamientos de un poder médico conservador sobre las vidas, salud y autonomía de las mujeres. El fallo de primera instancia, por su parte, marcó un quiebre en la forma de entender y accionar sobre la salud pública a nivel provincial y nacional amparando los derechos fundamentales de las mujeres.

Estos días, al cumplirse cinco años de la muerte de Ana María, es posible ver el caso bajo una nueva luz. Luego de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L s/ medida autosatisfactiva” aquellos avasallamientos pueden ser considerados aún más evidentes. La salud púbica de un Estado de Derecho debe garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y su ejercicio autónomo y libre.

Sin embargo, cotidianamente, alguna Ana María en el país vuelve a encontrarse con un obstáculo. Niñas madres, mujeres violadas cuestionadas, mujeres de sectores subalternos sin información sobre sus opciones, entre otros casos, se convierten en Ana María. Es el Estado, incluido su poder judicial, el principal responsable de evitar que no haya más Ana Marías en Argentina.

Porque su caso nos recuerda lo que ya no puede tolerarse, pero también una forma de resistencia y lucha por los derechos: Ana María Acevedo, ¡presente!