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Destacan que en varias provincias hay impedimentos judiciales y protocolos restrictivos y realizaron una serie de recomendaciones tanto para el Gobierno Nacional como para los gobiernos provinciales. Consideran que las acciones que frustran el acceso al aborto no punible “implican una vulneración a los derechos humanos y garantías constitucionales de las habitantes del suelo argentino”.
(Buenos Aires, junio de 2012) - El pasado 30 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el Primer Encuentro Nacional de la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres y discutieron los alcances y desafíos del fallo de la Corte Suprema sobre la implementación del aborto no punible en la Argentina.
En la declaración final del encuentro, se destacaron lo puntos de mayor preocupación así como las recomendaciones de la Alianza para mejorar la situación. Así la Alianza solicita al Estado nacional, y a los Estados provinciales, “el inmediato cese de las normativas y acciones frustratorias del derecho al aborto no punible, claramente establecido” ya que “implican una vulneración a los derechos humanos y garantías constitucionales de las habitantes del suelo argentino”.
Entre los puntos de mayor preocupación se incluyen: la sanción de protocolos restrictivos que generan barreras para el acceso al aborto no punible; la vigencia de protocolos que no corresponden con el fallo de la Corte Suprema; los obstáculos judiciales y la falta de conocimiento de derechos de niñas y mujeres; y la inexistencia de información sistematizada en materia de acceso a abortos no punibles.
Para remediar estas fallas, la Alianza propone que el Ministerio de Salud de la nación, así como los provinciales, regulen la objeción de conciencia individual y que obligue a los hospitales públicos a tener por lo menos a un profesional no objetor. También que se reconozca la competencia de niñas y adolescentes para brindar consentimiento informado para el aborto así como que se reconozca la personalidad jurídica de las mujeres con discapacidad. Por último destacan la importancia de eliminar la obligatoriedad de comités interdisciplinarios para evaluar el permiso de aborto y que se sancione a aquellos que nieguen u obstruyan la práctica de un aborto permitido.
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