Los 13 acusados en el caso Marita Verón fueron absueltos anoche por la justicia tucumana que consideró que no había pruebas suficientes para condenarlos. Desde las redes sociales se está convocando a marchas de repudio en diferentes puntos del país. Susana Trimarco afirmó que pedirán el juicio político para los tres jueces.

(Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012) - Después de cuatro horas de postergación, anoche se conoció la decisión judicial sobre el caso Marita Verón: absolución para los 13 acusados. La Sala II de la Cámara Penal de Tucumán integrada por los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, desechó la acción civil y decidió absolver a todos los imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón, luego de diez meses de debate oral, más de 100 testigos y 85 audiencias.

La indignación social y particularmente desde el movimiento de mujeres no tardó en hacerse oír. Desde las redes sociales se está convocando a marchas de repudio en diferentes puntos del país. Ya están confirmadas las concentraciones en Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Neuquén, La Rioja, Santa Rosa, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Salvador de Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Paraná, Bariloche y San Juan.

La decisión de los jueces es, como mínimo, llamativa teniendo en cuenta no sólo que la Fiscalía y la querella habían pedido entre 25 y 12 años y medio de prisión (de acuerdo a las responsabilidades adjudicadas a cada acusado) sino también por los 10 meses de debate oral y los testimonios escuchados.

Qué deficiencias encontraron en la investigación es algo que los jueces deberán explicar de un modo detallado en los fundamentos de la sentencia. Y de qué manera se continuará con la investigación para lograr el juicio y castigo a todos los culpables, es una obligación que perdura y a la que deberá dar respuesta el Poder Judicial.

Mientras tanto, corresponde poner la mirada en la protección de las mujeres víctimas de trata que dieron su testimonio en los últimos meses. La sentencia también es un mensaje para ellas: el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad y bienestar.

Susana Trimarco, que busca a su hija desde aquel día de 2002 en que la secuestraron, afirmó que pedirá el juicio político para los tres jueces. El abogado de la fundación María de los Ángeles, Carlos Varela, agregó además que apelarán el fallo ante Casación y que eventualmente se llevará el caso a instancias internacionales.