El cruce en una reunión de comisión en la Cámara de Diputados, donde Andrés Larroque le gritó “¡Callate, atorranta!” a Laura Alonso y la reacción del resto de la cámara ante esta agresión, demuestran que ciertos tipos de violencia contra las mujeres menos obvios son todavía aceptados socialmente.  

(Buenos Aires, 28 de febrero de 2013) - Es justo reconocer que la Argentina ha avanzado en el respeto por los derechos humanos de las mujeres aunque todavía queden espacios para mejorar un marco regulatorio que mantiene discriminaciones inaceptables (como en la regulación del trabajo doméstico remunerado) y una distancia abismal entre el derecho reconocido y su ejercicio efectivo (como en materia de derechos sexuales y reproductivos).

Si hay un área en la que la sociedad parece tener particular orgullo por los avances logrados, es en relación con la violencia contra las mujeres.  Escuchamos habitualmente que la violencia contra las mujeres está en la agenda pública y de los medios de comunicación. Es cierto que hay una amplia cobertura y sensibilidad frente a los femicidios –la forma más extrema de violencia contra las mujeres-, que se pone de manifiesto cada vez que se difunden casos o los informes que elaboran las organizaciones de la sociedad civil (el Estado todavía incumple su obligación legal de producir y difundir información oficial). Ese interés parece manifestarse periódicamente en las iniciativas de legisladores y legisladoras que proponen nuevas leyes, otras reformas, mayores castigos, nuevas herramientas e instituciones para generar renovadas obligaciones al Estado, sin que antes la mayoría parlamentaria haya tomado ninguna medida efectiva para reclamar al Poder Ejecutivo el cumplimiento de las obligaciones vigentes desde hace años.

Cuando se nos pregunta si se ha avanzado en materia de violencia contra las mujeres, nuestra respuesta es que sí, pero sólo parcialmente. Sólo algunas formas de violencia son inaceptables para nuestra sociedad. Sólo las más evidentes.

Nadie en su sano juicio se atrevería hoy a afirmar públicamente que está bien golpear, torturar, violar o matar a una mujer. Pero pocos se escandalizan frente a otros actos de violencia menos obvios: el acoso, la desvalorización, la cosificación de las mujeres. Y es el silencio frente a éstos últimos el mantiene la cultura de violencia machista en la que se dan los primeros.

El insulto de un diputado oficialista a su colega de la oposición (“¡Callate, atorranta!”) sólo recibió la inmediata encendida reacción de la ofendida. Ante la mirada socarrona de otros y otras presentes. El silencio. Ya sea por acuerdo, o por considerar el insulto poco relevante. Sólo hubo algunas manifestaciones personales de repudio al agresor y apoyo a la agredida, que se repitieron al día siguiente cuando con nuevas expresiones de violencia (también de otras mujeres) se negó la consideración del agravio en la sesión de la Cámara de Diputados.

Fue el Congreso de la Nación el que aprobó en 2009 la ley 26.485 que enumera distintas manifestaciones de violencia. El agravio dirigido por el Diputado Andrés Larroque a la Diputada Laura Alonso, sin duda se incluye en esa caracterización. No parecemos una sociedad encaminada a tomarse en serio la erradicación de la violencia contra las mujeres si el Congreso Nacional, el que dicta las leyes, considera poco relevante hacer respetar la ley dentro de sus propias filas.