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25 de noviembre: un día en homenaje a las hermanas Mirabal

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

(Buenos Aires - 24 de noviembre de 2017) - La fecha fue establecida en 1981 en Colombia, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Allí se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, conocidas también como Mariposas. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Trujillo.

El 17 de diciembre de 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. La Asamblea de la ONU ya había aprobado el 20 de diciembre de 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

En los últimos años, la sociedad de Argentina y de América Latina se movilizó para manifestarse en contra de los femicidios, la forma más extrema de la discriminación hacia las mujeres. En Argentina una mujer muere cada 30 horas víctima de la violencia machista. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá, en lo que va del año hubo 254 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. El informe da cuenta también de 12 femicidios vinculados de niñas y mujeres (es decir, que son asesinados como consecuencia de sus vínculos con la mujer a la que se dirige el castigo), 19 vinculados de hombres y niños y cuatro travesticidios. Según este relevamiento, el 88% de los femicidios fueron cometidos por varones del círculo íntimo y conocidos de la víctima mientras que el 5% fueron cometidos por extraños. Además, el 18% de las víctimas había realizado denuncias previas, de las cuales el 12% tenía medidas de protección judiciales.

Según el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2016 se produjeron 254 femicidios, 8% más que en 2015. Los datos revelan que el 49% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas, el 22% entre 41 y 60 años, el 13% se encontraba entre 16 y 20 años, el 7% superaba los 60 años y el 6% era menor de 16 años. Además, como consecuencia de estos 254 femicidios, al menos 244 niñas/os y adolescentes quedaron sin madre.

Pero los femicidios son sólo la punta del iceberg de las violencias contra las mujeres: para llegar a esa forma extrema de violencia en parejas o ex parejas, antes hubo otras violencias expresadas en el maltrato físico, sexual o psicológico que no se detuvo. Y estas violencias, son posibles en el marco de una cultura que sostiene la desvalorización de las mujeres, que muchas veces promueve su dependencia económica y emocional.

La Ley 26.485 denominada "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" sancionada en 2009, define la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes". Además, la norma establece tipos y modalidades de violencias. Los tipos dan cuenta de las diferentes manifestaciones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica) y las modalidades de los ámbitos en los que pueden ocurrir (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática).

Como integrantes de la sociedad, debemos compartir la responsabilidad y el compromiso ético de tomar acciones para poner freno a las violencias contra las mujeres así como a las condiciones que la permiten. Se trata de una obligación del Estado, pero también es una responsabilidad social compartida que podemos impulsar desde diversos ámbitos.

Las empresas y lugares de empleo no solo debieran tener políticas para evitar hechos de violencia en el ámbito laboral sino que pueden acompañar a las trabajadoras que se encuentren en situación de violencia. Teniendo en cuenta que en general destinamos más tiempo al empleo que a cualquier otra actividad cotidiana y que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia doméstica a lo largo de su vida, el lugar de trabajo puede ser una oportunidad para contribuir a la prevención, brindar contención y apoyo.

 


 


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