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Cuota alimentaria: Nuevas respuestas frente al incumplimiento de la orden judicial
En Chubut, un Juzgado de Familia dispuso el arresto de una persona por ser deudor alimentario. El Juez calificó los hechos como actos de violencia machista.

(Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017).- El pasado 4 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Rawson resolvió respecto del incumplimiento en el pago de alimentos en la causa “M, J P c/ G, J M s/ Alimentos”.

La sentencia se dictó en el marco de una causa por alimentos en la cual el demandado, habiendo sido debidamente notificado del proceso judicial, nunca había comparecido ante la justicia. El juez Martín Benedicto Alesi manifestó que el demandado “siquiera se molestó en presentar una propuesta para cancelar la deuda y demostrar que terminará con la situación de mora que impide a su hija con discapacidad afrontar en forma adecuada los distintos rubros que integran la prestación alimentaria, develando en definitiva que su única intención es burlar el curso de la justicia, y obstruir que la niña pueda solventar suficientemente sus necesidades de subsistencia y desarrollo integral”. Así, sostuvo que “esta inconducta del alimentante compromete el derecho de su hija a un nivel de vida adecuado (art. 27, Convención sobre los Derechos del Niño), y constituye una manifestación de violencia contra ella, la madre y la abuela materna, ya que según los términos de la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Integral contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, se caracteriza a la violencia económica y patrimonial como aquella que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías, entre ellas, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, y la limitación o control de sus ingresos (…) Esa violencia económica se inserta en el contexto de maltrato grave que ha ejercido sobre ambas mujeres, conforme se desprende de la lectura de ambos expedientes de violencia familiar que tengo a la vista, en los que se han dictado varias medidas cautelares, incluyendo la prohibición de acercamiento a su hija, la madre y la abuela”.

En el mismo sentido, el juez Alesi señaló que “[l]a limitación de recursos a través del incumplimiento alimentario es otra forma de violencia contra estas mujeres, quienes al cuidar a G, deben afrontar el costo económico de la crianza, educación y cobertura de tratamientos por su especial condición de salud sin la contribución que atañe al padre, con la consiguiente pérdida de autonomía en el plano patrimonial”.

Por estos motivos, considerando las reiteradas negativas del demandado a comparecer ante la Justicia y regularizar la situación de grave incumplimiento,se resolvió, por un lado, imponer el arresto del demandado por 5 (cinco) días y, por el otro, intimarlo “a que dentro del plazo de cinco (5) días abone las cuotas alimentarias adeudadas, bajo apercibimiento de disponer como medida conminatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejarlo en situación de calle”. En relación a este último punto, el Juzgado argumentó que “[a]nte un progenitor que no contribuye con su aporte a los gastos de vivienda de su hija (...) corresponde que la conminación se dirija directamente a imposibilitar, con el auxilio de la fuerza pública, que pueda utilizar esos mismos bienes materiales, por medio de una ´medida de colocación en situación de calle´ (…) De tal modo, si no cancela las cuotas alimentarias adeudadas dentro del plazo de cinco (5) días, por intermedio de la Policía se lo excluirá de cualquier inmueble en que se encuentre, y (…) como la ciudadanía tiene el deber de colaborar con la administración de justicia (…) podrá ejercerse coerción sobre las personas que alojen al Sr. G, con imposición de multas diarias de $10.000 y/o haciéndoles correr su misma suerte, o sea, la exclusión del inmueble que habiten”. En una medida polémica se trata de imponer el cumplimiento de las órdenes judiciales a través de acciones que no logran en sí mismas reparan las violencias materiales y simbólicas ejercidas por el demandado contra la mujer y la niña, sino que retribuyen al agresor parte del daño que está causando.

El mismo Juzgado de Primera Instancia de Familia de Rawson a cargo de Martín Benedicto Alesi había resuelto, en septiembre de este año, respecto del reiterado incumplimiento de una prohibición de acercamiento. También en ese caso, se promovió la aplicación de medidas novedosas para conminar al agresor al cumplimiento de la orden judicial. En el marco de esa causa, el juez dispuso que se modifique “el perímetro de acercamiento, [para evitar el contacto del agresor con la mujer] ampliándolo a 1 km. de la vivienda (…) bajo apercibimiento en caso de incurrir en una nueva desobediencia, de incrementar automáticamente el radio a más de 200 km. de Rawson en carácter de medida cautelar, y ordenar sin más trámite a la Policía su arresto inmediato y traslado urgente a la zona limítrofe con Río Negro, para dejarlo en libertad en el puesto caminero de Gendarmería Nacional ubicado en el paraje Arroyo Verde de esa Provincia; o bien en las localidades de Los Altares o Garayalde, de la Provincia del Chubut”.

Los casos de violencia contra las mujeres implican la violación de sus derechos. La intervención de la justicia busca la reparación de los derechos vulnerados, a través de órdenes judiciales que deben cumplirse para que todo el proceso no sea una ficción de acceso a la justicia. Es importante promover la aplicación y uso creativo de las herramientas legales con las que cuenta la justicia para hacer cumplir sus decisiones.

Enlaces:

Descargas:

  • Sentencia. “M, J P c/ G, J M s/ Alimentos”, Expte. 887/2016. Juzgado de Familia. Rawson. Chubut. 4 de Octubre de 2017. 

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