Las brechas de las políticas políticas
Desde el proyecto Cerrando Brechas presentamos un documento con los resultados de un relevamiento que realizamos para conocer las experiencias de otras organizaciones y activistas que trabajan acompañando casos de violencia de género en el país en el contexto de la pandemia por COVID-19.

(Buenos Aires, 22 de mayo de 2020) - El aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente en Argentina desde el 20 de marzo ha tenido un impacto considerable en las vidas de muchas niñas, adolescentes, mujeres, travestis y trans que viven situaciones de violencia por razones de género. Las restricciones impuestas a la circulación y las limitaciones en los servicios disponibles en las distintas localidades, también ha tenido impacto en el trabajo que realizan las organizaciones o activistas que acompañan estas situaciones y que son eslabones importantes en las redes comunitarias que brindan el apoyo cercano y permanente que el Estado no llega a ofrecer.

Desde el proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad realizamos un relevamiento cuanti y cualitativo para conocer las experiencias de otras organizaciones y activistas que trabajan acompañando casos de violencia de género en el país.

El informe analiza, en primer lugar, los obstáculos que encuentran quienes sufren violencia de género en el acceso a la justicia a partir de la mirada que tienen las organizaciones y activistas que son quienes atienden y acompañan a estas mujeres de manera cercana. En segundo lugar, se muestra la evaluación que realizan de las medidas adoptadas por los distintos niveles de gobierno y el poder judicial, donde se identifican oportunidades de mejora. A continuación, se da cuenta de los desafíos que se les presentan a las propias organizaciones y activistas para realizar su trabajo en este contexto.

Por último, se señalan las medidas adicionales que se consideran necesarias para mejorar la asistencia y el acompañamiento de quienes se encuentran en situación de violencia, ya que desde el inicio de las medidas de aislamiento quedó en evidencia que las violencias extremas siguen costando las vidas de las mujeres, travestis, trans, niñas y adolescentes. Existe una necesidad imperiosa de diseñar e implementar mejores medidas para la prevención, atención y abordaje de las violencias por razones de género.

Los principales hallazgos de la investigación señalan que:

  • Entre las principales preocupaciones de las mujeres asistidas se destaca la disponibilidad y acceso a recursos materiales, que es señalada como una preocupación por el 73% de las organizaciones encuestadas.
  • En caso de requerir una medida de exclusión del hogar para el agresor, el acceso a una vivienda alternativa para implementar esa medida constituye una preocupación para el 71% de las personas encuestadas.
  • Asimismo, para el 63% de las encuestadas la preocupación por el acceso a refugios también es relevante.
  • El peso de la crisis económica y la precaria inserción laboral de muchas mujeres también se hace evidente en el relevamiento: para el 52% de las encuestadas es muy preocupante la dificultad para concretar el cobro de las cuotas alimentarias resueltas judicialmente.
  • La atención por parte del Poder Judicial también es un área de gran preocupación: el 65% menciona que es un gran obstáculo el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares ya que aún con la decisión de su prórroga automática, el problema se presenta en el cumplimiento y control.
  • De la misma manera, para el 58% de las organizaciones encuestadas, constituye un gran obstáculo la falta de celeridad con la que se tramitan las causas, vinculado con los déficits en la atención del Poder Judicial, donde se mantienen esquemas de funcionamiento limitados en este contexto.
  • Frente a poblaciones que ya en general se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad como las migrantes, afro o mujeres con discapacidad, hay que considerar situaciones particulares dado que el acceso a la justicia es aún más precario: por la situación migratoria, la falta de documentación o por la inaccesibilidad de mucha información y servicios.
  • La accesibilidad a la información y a los servicios está determinada también por el territorio y otras condiciones: la lejanía de los centros urbanos, la limitación en el acceso al transporte, las limitaciones en la conectividad o el acceso a la tecnología hace que muchos servicios e información no resulte disponible.
  • Para las organizaciones y activistas que participaron de la encuesta, la evaluación de las diversas medidas adoptadas para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria es mayormente positiva: en una escala de 1 al 5, el promedio de evaluación de todas las medidas a excepción de una (la implementación de la campaña “Barbijo Rojo”), ha sido superior a los 4 puntos. De todas maneras, es importante considerar la heterogeneidad de medidas y situaciones a nivel local que varía aún dentro de la misma provincia.
  •  El 83% de la muestra señaló como muy importante a la incorporación de víctimas de violencia de género a programas de asistencia socioeconómica como, por ejemplo, el Programa Hacemos Futuro a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. En el mismo promedio de evaluación positiva encontramos a la ampliación de refugios disponibles y la prórroga automática de medidas cautelares.
  • Tanto la incorporación a programas de asistencia socioeconómica como la ampliación de refugios, a pesar de ser medidas con alto nivel de evaluación positiva, también muestran un grado mayor de desconocimiento que otras medidas. Esto da cuenta de la necesidad de continuar y mejorar la difusión de las medidas tendientes a la inclusión de mujeres en situación de violencia en programas de ayuda socioeconómica, así como la disponibilidad de recursos, para mejorar el acceso a ellos.
  • Para las organizaciones y activistas, el principal desafío que enfrentan es la dificultad de contar con recursos económicos para solventar las actividades y/o al personal de la organización: esto es así para el 75% de la muestra
  • Asimismo, se señala la poca claridad que existe respecto al funcionamiento y la atención presencial que brindan los Poderes Ejecutivo y Judicial en este contexto, lo que marca la necesidad de mejorar la difusión de información precisa sobre estos servicios y las condiciones de funcionamiento.
  • Por otro lado, el 90% de las instituciones encuestadas identifica la necesidad de lograr una mayor articulación entre los organismos de gobierno y las instituciones públicas con las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de políticas.
  • Asimismo, en el 85% de los casos se señala la importancia de contar con una mayor participación de estas organizaciones en la formulación de las políticas públicas.

Sobre el proyecto Cerrando Brechas

El proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea e involucra a organizaciones referentes de la sociedad civil con una amplia trayectoria de trabajo en relación con la igualdad de género: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), y la Fundación Siglo 21.

 

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