Un plan contra las violencias por razones de género

El 3 de julio el Ministerio de las Mujeres, Géneros  Diversidad presentó junto al Presidente de la Nación, la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y la Presidenta del Consejo Honorario y Asesora Presidencial, Dora Barrancos, el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022). Una herramienta de trabajo que propone ordenar la articulación de las respuestas del Estado en esta nueva etapa.
 

(Buenos Aires, 20 de julio de 2020) -  Con un trabajo previo amplio y participativo en el que se procuró recibir aportes desde al sociedad civil en diversas instancias, el 3 de julio de 2020 el Poder Ejecutivo presentó a través de las autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) un nuevo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para el período 2020-2022 (PNA).

ELA junto a las organizaciones que son parte del Proyecto Cerrando Brechas participamos de ese proceso a través de la presentación de propuestas y lineamientos, producto de un proceso de construcción colectiva junto a activistas, organizaciones y referentes del tema.  Destacamos el enfoque de interseccionalidades y diversidad que incluye el PNA, que incorpora de manera expresa a las lesbianas, bisexuales, travetis, trans y personas intersex en las políticas y abordajes propuestos por el Plan, en una lectura correcta de la interrelación de la ley 26.485 con la Ley de identidad de género y los compromisos de igualdad y no discriminación por razones de género del Estado. Además, el Plan incorpora como principios transversales la interseccionalidad (para considerar, entre otras, el impacto de la edad, la migración, la discapacidad  en las posibilidades para el ejercicio de los derechos), la multiagencialidad (para que involucren distintos ámbitos de gobierno y sociedad civil) y territorialidad (referida a la participación de organizaciones comunitarias en todo el país).  

El PNA propone una concepción integral en el abordaje de las violencias y por lo tanto  sostiene que un pilar central será la del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, procurando el ingreso económico (a través de una transferencia monetaria definida como Programa Acompañar) por seis meses cuando haya situación de riesgo. En estos casos, será central conocer los criterios de asignación, las competencias para llevar adelante esa evaluación, así como los criterios que se apliquen para la determinación de la evaluación del riesgo, de modo de acceder al programa. 

Otro punto interesante del PNA es la creación de  los Centros Territoriales Integrales de Asistencia en los que se  hace referencia  a un modelo de gestión flexible e integrado que involucra nación, provincias, municipios,  sociedad civil. Una vez que avancen en la definición será necesario conocer con mayor detalle en qué consisten, qué servicios brindarán  y cómo se articulará con otros mecanismos disponibles. Sobre este punto, el PNA hace referencia a diversos mecanismos para garantizar el patrocinio jurídico, no solo el Cuerpo de Abogadas y Abogados que ya se puso en funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia durante la gestión anterior (al que sólo se hace una referencia breve) pero también se hace mención a otras redes que se organizarán, en el marco del trabajo a cargo del Ministerio de Justicia.  Este también es un punto central que será  importante conocer con mayor detalle ya que entre las barreras de acceso a la justicia se encuentra la necesidad del patrocinio jurídico.

El presupuesto que se propone para el Plan es muy importante, pero no está claro cuánto de ese presupuesto será de gestión directa del MMGyD y cuánto se gestionará a través de otros organismos (como ANSES, que gestionará los fondos del  Programa Acompañar, y el Ministerio de Obras públicas que gestionará la creación de los Centros Territoriales Integrales de Asistencia). Será fundamental continuar la transparencia presupuestaria que se inició hace algunos años y profundizarla, para permitir el monitoreo y el control de la asignación y ejecución de ese presupuesto.

El PNA reconoce el aporte que las organizaciones de la sociedad civil brinda a innumerables mujeres y personas que viven situaciones de violencias por razones de género, valora ese trabajo y sostiene la importancia de profundizar la articulación entre sociedad civil y estado. Si bien este reconocimiento es importante, al mismo tiempo es imprescindible contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de estas organizaciones. En ese sentido, se destaca la creación del Programa Articular destinado a apoyar económicamente a organizaciones a través de "proyectos vinculados con las líneas estratégicas del Ministerio". Recientemente el MMGyD difundió los lineamientos para acceder a este programa, que esperamos sea aplicado con criterios de transparencia y federalidad. El plazo para inscribirse es hasta el 30 de agosto.

El PNA coloca un importante énfasis en la capacitación de actores estatales, en todos los niveles del Estado.  La Ley Micaela (ahora de aplicación obligatoria en todo el país) será una estrategia de gran importancia para lograr este objetivo. Por ese motivo es imprescindible establecer mecanismos que permitan medir el impacto de estas capacitaciones, más allá de su alcance numérico a una cantidad importante de integrantes del Estado.

En ese sentido, el sistema de gestión de la información, transparencia y monitoreo será central y su fortalecimiento como un pilar fundamental del PNA es muy destacable. Es de esperar que desde allí se pueda impulsar no solo una mejora del Registro administrativo de casos y denuncias receptadas en los distintos ámbitos de la administración nacional, provincial y municipal, sino también la realización de una encuesta nacional de prevalencia e incidencia de violencia. Como hemos señalado en otras oportunidades, Argentina no cuenta con este instrumento a nivel nacional y la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la única jurisdicción que ha implementado una encuesta de este tipo en Argentina.

Este PNA no es el primer plan elaborado desde el Poder Ejecutivo sino que, con características y alcances diversos, este Plan es tributario de un recorrido previo que se hizo desde la institucionalidad para la igualdad de género y para la protección de los derechos de las mujeres desde la recuperación de las instituciones democráticas. Con mucha mayor visibilidad, apoyo social y político, mayor jerarquía y presupuesto que el destinado en gestiones anteriores, se espera que el MMGyD pueda articular de la mejor manera las responsabilidades de los diversos Poderes del Estado, en los distintos niveles de gobierno. Para ello, una sociedad civil atenta y comprometida con la agenda por la igualdad de géneros será central para acompañar su implementación y al mismo tiempo llevar adelante su función en el monitoreo de las políticas públicas.

 


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