Continúan en peligro los espacios educativos y de cuidado de la primera infancia
En el dia de las y los maestros organizaciones de la sociedad civil volvieron a presentar una nota ante diversas carteras del Estado en apoyo al reclamo de las instituciones educativas y de cuidados de la primera infancia cuya continuidad peligra por la crisis económica actual y las medidas tomadas en el marco de la pandemia por COVID-19.

(Buenos Aires, 11 de septiembre de 2020) Las instituciones de primera infancia de gestión privada se encuentran en una situación económica crítica desde el inicio de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Más de 500 jardines cerraron sus puertas y muchos otros se encuentran en peligro de quiebra. A esta situación se suma la incertidumbre sobre su apertura, lo que dificulta la matriculación para el ciclo 2021. En apoyo a este reclamo y ante la insuficiente respuesta por parte del Estado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil envió, tal como hicieron en mayo pasado, una nota donde llaman al Estado nacional y a los estados provinciales a adoptar medidas tendientes a asegurar la subsistencia de los espacios educativos y de cuidado de la primera infancia que se encuentran en peligro.

Tal como señalaron las organizaciones en la nota presentada, tras casi 6 meses sin dar clases presenciales, con una caída en la matrícula superior al 80 por ciento y una morosidad del 90 por ciento, la continuidad de estos espacios se encuentra en grave peligro. Esto afecta a más de 22 mil niñas y niños de entre 45 días y 4 años, ya que el Estado no puede absorber este número de vacantes. Además, está en juego la pérdida de 60 mil puestos docentes, en su mayoría mujeres.

Desde el gobierno nacional se incluyó a los jardines como posibles beneficiarios en el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) después de que se hiciera el pedido desde la sociedad civil y desde diferentes sectores políticos. Los gobiernos provinciales de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe y La Pampa, así como las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, implementaron asistencias específicas para las instituciones locales. Sin embargo, las organizaciones denuncian que, en líneas generales, el otorgamiento de los planes y de la asistencia económica ha sido errática, parcial e inconstante.

La nota cuenta con las firmas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Infancia en Deuda; Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Fundación Kaleidos; Aldeas Infantiles; Bridge The Gap; Colectivo por los Derechos de la Infancia y Adolescencia; Grow – Género y trabajo; Haciendo Camino; Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y fue presentado ante la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de la Producción a nivel nacional, así como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

Es de carácter urgente que el Estado impulse medidas para reparar esta situación, que resultan fundamentales no sólo para cuidar las fuentes de ingreso de las trabajadoras y trabajadores, sino también para garantizar la subsistencia de un engranaje fundamental del sistema productivo, ya que para volver a poner en marcha la economía y recuperar la actividad productiva las familias necesitan contar con espacios de cuidado.

 

 

Foto: UNCuyo

 

 


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