Los costos de la violencia doméstica: un estudio para argumentar por más políticas públicas
En diciembre presentamos un novedoso estudio realizado en el marco de un convenio de colaboración interinstitucional que reunió a ELA con OSIM y la Universidad ISALUD. A partir de una metodología innovadora mostramos con la evidencia disponible en qué medida un uso racional de los recursos públicos debe conducir a mayores políticas de prevención y atención temprana de las violencias. Esperar a responder a las expresiones de violencias más severas demanda 22 meses más presupuesto en términos de atención de la salud y pérdida de productividad.

(Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020).  En el marco del proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad , ELA llevó adelante este año un estudio novedoso para iluminar un aspecto poco estudiado de la violencia doméstica hacia las mujeres: su costo económico. 

En Argentina, a pesar de los avances lo cierto es que los femicidios no han disminuido. Incluso, en los últimos cinco años se han incrementado. El Registro de Femicidios de la Justicia que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muestra que casi el 70% de las víctimas directas de femicidio eran pareja o ex pareja de sus agresores. La violencia doméstica hacia las mujeres, particularmente entre parejas actuales y pasadas, sigue siendo un espacio en el que se inscribe la manifestación más cruel y definitiva de la violencia, dejando marcas visibles e invisibles que pueden incluso llevar al femicidio. Las políticas públicas disponibles para la prevención y atención no alcanzan a brindar el apoyo necesario para que puedan quebrar los círculos de la violencia.

Las mujeres pagan un costo personal y emocional muy alto por estas violencias, que repercute en su salud, su bienestar y dignidad. Pero además, hay costos económicos derivados de las situaciones de violencia por parte de parejas actuales o pasadas, que en gran medida aborben ellas individualmente.

El estudio desarrollado por ELA junto a la Obra Social de Personal de Dirección (OSIM) y la Universidad ISALUD se propuso contribuir a generar evidencia empírica que pueda demostrar que la falta de atención de la violencia doméstica de manera oportuna tiene consecuencias no solo en la integridad y el bienestar de las mujeres, vulnerando su derecho a vivir una vida libre de violencias, sino que también tiene un impacto en las propias instituciones.

El estudio fue presentado en una actividad virtual que reunión a más de 100 personas, en el que contamos con la participación de la Magistrada y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Helena Highton de Nolasco, y la Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.

A partir de la información disponible en la Ciudad de Buenos Aires, fue posible desarrollar una metodología que aportó evidencia empírica sobre los costos que la violencia de parejas actuales y pasadas implica para el sistema sanitario, que haría un uso más racional de sus recursos si contara con suficientes recursos humanos y técnicos para brindar atención individual y/o grupal ante las primeras manifestaciones de las violencias. Además, una sociedad más alertada a partir de campañas amplias y sostenidas de difusión podrían permitir intervenciones tempranas en las propias mujeres. El diseño de una política pública de amplio alcance, que brinde accesibilidad a una variedad de espacios y modalidades de atención constituye una inversión racional y adecuada de los recursos públicos, que permitirá avanzar en la garantía de una vida libre de violencias para las mujeres.

Una atención sanitaria adecuada de las 161.618 mujeres que declararon haber vivido violencia doméstica durante el año 2018 de acuerdo con la Encuesta de la Ciudad de Buenos Aires hubiera generado un costo potencial total por mujer de $23.174 (pesos corrientes) o su equivalente en dólares U$S 808, calculados al año 2018.  De este universo de mujeres es altamente significativo el porcentaje que padece violencia psicológica moderada: el 66% del total de las mujeres víctimas de violencia doméstica en ese año. Ello significa que el abordaje temprano del maltrato que configura violencia psicológica moderada (al que se le asignó un costo promedio de $18.081) podría impedir la curva ascendente de violencia que, de acuerdo con la evidencia disponible, se prolonga durante muchos años.

Las empresas y los espacios laborales tanto públicos como privados poseen un gran potencial para contribuir en el trabajo hacia la erradicación de la violencia de género, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y medidas concretas para la mejor protección y acompañamiento tanto de las mujeres que se desempeñan en su ámbito laboral, como de las personas de la comunidad sobre quienes pueden influir. Los espacios laborales públicos y privados también deben involucrarse en la erradicación de la violencia doméstica no sólo porque es moralmente correcto, sino también porque impacta negativamente en sus negocios. Esta obligación es reforzada con la entrada en vigencia del Convenio 190 de la OIT que se refiere a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en especial la violencia por razones de género, y que incluye referencias a la necesidad que los empleos se involucran en garantizar la protección frente a la violencia doméstica.

Promover la posibilidad de contar con lugares de empleo receptivos a conocer y acompañar esta problemática reduciría las manifestaciones de estrés de las mujeres y permitiría atravesar el proceso sin poner en riesgo su empleo, evitando el costo en pérdida de productividad sostenida en el tiempo y fortaleciendo el ejercicio de su autonomía. Además, la capacitación de equipos médicos para la detección de la violencia doméstica en sus primeras manifestaciones físicas (problemas funcionales de diverso orden y violencia física moderada) sería una inversión que permitiría mantener en el umbral más bajo los costos de atención de las consecuencias físicas moderadas de la violencia en contraposición a la atención de las consecuencias gravísimas, que es 22 veces más cara.

La inversión temprana en servicios o instituciones que permitan la concurrencia de mujeres ante los primeros signos o identificación de la violencia, les permitiría contar con mejores y más tempranas posibilidades de romper el círculo de la violencia, avanzando hacia el cumplimiento de la garantía de vivir una vida libre de violencias por razones de género.

El estudio fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea (en el marco del proyecto Cerrando Brechas) así como también el apoyo del Banco Mundial.

Sobre el proyecto Cerrando Brechas

El proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea e involucra a organizaciones referentes de la sociedad civil con una amplia trayectoria de trabajo en relación con la igualdad de género: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), y la Fundación Siglo 21.

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