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Semana del 12 al 18 de mayo

El debate sobre aborto no punible llegó a la Legislatura 

 
El fallo “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) interpretó certeramente del artículo 86 del Código Penal (que establece los casos en que el aborto no es punible), contiene una exhortación a los poderes públicos a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Dichos protocolos deben adecuarse a las disposiciones fijadas por la Corte, que sostiene que es necesario tan sólo “que la víctima de este hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito (en caso de violación) es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal.”

El claro texto de la sentencia, fundado en el respeto a los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina, ha sido sin embargo ejecutado diversas maneras por las provincias y municipios. Algunas regiones han cumplido con lo dispuesto por el tribunal, emitiendo protocolos acordes a lo establecido por él (como sucede en el municipio de Rosario), mientras que otras han diseñado modelos de atención más restrictivos.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un protocolo de atención dispuesto a nivel ministerial que contempla únicamente los supuestos de aborto en que haya riesgo para la salud o la vida de la madre, o que la gestación resulte de la violación de una mujer con discapacidad. Este protocolo es previo la sentencia de la Corte, con lo cual urge su adaptación.

La nota de Página/12 titulada Desacuerdos y coincidencias por un protocolo da cuenta de los alcances de los anteproyectos de protocolo que han sido formulados por legisladores de la Ciudad. El texto presentado por el Pro, que lleva la firma de Helio Rebot, Carmen Polledo y Lía Rueda, resulta alarmante, ya que como señala la nota, plantea requisitos tales como solicitar la intervención de un equipo interdisciplinario para autorizar la práctica, requiere autorización de los padres de las menores de 18 años, no establece ningún plazo para la realización de la práctica y contempla la posibilidad de que en un hospital todos los profesionales de salud se declaren objetores de conciencia.

Desde ELA alentamos a la legislatura a debatir la sanción de un protocolo de atención que garantice el acceso de las mujeres a un aborto no punible, derecho que el Código Penal reconoce desde 1921, y que sin embargo, es sistemáticamente obstruido. Por sobre las normas locales, se encuentra el respeto los derechos que el Código Penal, la Constitución Nacional y la CSJN reconocen para toda la Nación. Guardamos confianza en que del debate legislativo surgirá un protocolo respetuoso de las instituciones, por el bien de la democracia.


 
   
 

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