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Semana del 19 al 25 de mayo 

Con la ley no basta
 

Las trabas para acceder a cirugías anticonceptivas gratuitas. Muchísimas personas no acceden a estas prácticas médicas por desconocimiento, o por la exigencia de los médicos de cumplimentar requisitos no previstos en las normas. Cuando no, se enfrentan con su negativa lisa y llana.

Acceder a una ligadura tubaria, una vasectomía o a interrumpir un embarazo en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre, o cuando sea producto de una violación, son conductas legales en nuestro país. La anticoncepción quirúrgica es legal desde el 2006 y el aborto no punible, desde 1921. Sin embargo, muchísimas personas no acceden a estas prácticas médicas por desconocimiento, o por la exigencia de los médicos de cumplimentar requisitos no previstos en las normas. Cuando no, se enfrentan con su negativa lisa y llana.

Clarín, en su edición del domingo 20 de mayo dio a conocer una investigación llevada a cabo por el Conders (Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales), que muestra una gran deficiencia en la implementación por parte de las autoridades del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. En su informe, el Conders afirma que existen “restricciones extralegales explícitas” para el acceso a la anticoncepción quirúrgica gratuita, garantizada por la ley 26.130. Según lo dispuesto en la norma, no debe haber más requisito que ser mayor de 18 años y dar el consentimiento informado. Asimismo, desde el punto de vista jurídico, ninguna otra jurisdicción podría dictar una normativa legal o reglamentaria con el fin de restringir el ejercicio del derecho a acceder a las ligaduras de trompa o a las vasectomías.

Sin embargo, puertas adentro, la práctica consiste en exigir que la mujer tenga más de 7 hijos; que su pareja dé el consentimiento e incluso se ha llegado a pedir que paguen altas sumas de dinero, o que se sometan a informes psicológicos, con el fin de desincentivar al solicitante de continuar con el procedimiento.

Este desfasaje entre la norma y las prácticas institucionales deben ser resultas por las autoridades para garantizar efectivamente el acceso a los derechos. Los compromisos del Estado para con los derechos a la salud sexual y reproductiva no pueden quedarse en la norma. Su deber es garantizar el acceso real y efectivo a los mismos.

 

 

El acceso a la anticoncepción quirúrgica fue objeto de diversos litigios por parte de las mujeres con anterioridad a la sanción de la ley 26.130 (Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica), que recogió los reclamos de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, y los hizo propios. Su sanción fue celebrada por marcar un hito en debate por la autonomía anticonceptiva. En la lectura del recorrido legal, con el aborto no punible puede verse un recorrido inverso: el derecho existe desde 1921, sin embargo, siguió judicializándose su acceso. Ambos derechos, haya existido primero la ley y después los fallos que la confirman, o viceversa, parece no bastar con la tarea del Poder Judicial y el Poder Legislativo. 

El apoyo que falta para su eficacia es, entonces, el de los poderes ejecutivos locales y el nacional, que son los que tienen a cargo la política sanitaria. Sin una fuerte campaña de difusión de derechos, y un mensaje institucional claro y unívoco al personal de la salud, el derecho se desdibuja en un conjunto de buenas intenciones. 
 
 

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