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Semana del 2 al 8 de junio
 
Crónica de un incumplimiento: los abortos no punibles continúan sin practicarse
 
El jueves 7 de junio tres de los principales diarios nacionales -Clarín, La Nación y Página/12- difundieron que una adolescente santacruceña, víctima de una violación, solicitó al hospital de El Calafate la realización de un aborto no punible. El procedimiento fue denegado por los médicos, quienes exigieron a la joven una autorización judicial.

La innecesaridad de contar con una autorización judicial surge de la simple lectura del artículo 86 del Código Penal, que en ningún caso hace mención de ella. Los abortos no punibles, tal como están contemplados en la legislación nacional desde el año 1921, proceden en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación. Basta para su realización lícita que sea llevado a cabo por un médico, con autorización de la mujer o de su representante legal si sufre una discapacidad mental. Dado que todo lo que no está prohibido, está permitido, y el aborto en las situaciones señalas es un acto plenamente legal, no procede pedido de autorización alguno para realizar actos legales.
 
 

Hace casi un siglo que el Código Penal incorporó el citado artículo. Su redacción dio lugar a dos interpretaciones: una restringida, que entendía que únicamente regía el aborto no punible para las mujeres con discapacidad mental, y otra amplia, la única posible si se lee el artículo en castellano y en armonía con la constitución y los pactos de derechos humanos, que entendía que el aborto no punible contempla todo supuesto de violación. La diferencia entre unas y otras víctimas, es que las mujeres con discapacidad deben solicitarla por intermedio de su representante, como se reseñó en el párrafo precedente. Para finalizar con este debate doctrinario obtuso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en marzo de 2012 el fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, en el que en su condición de intérprete final de la constitución y las leyes, determinó que la interpretación correcta es la amplia, conminó a las autoridades nacionales y provinciales a adoptar protocolos de atención, destacó que basta la declaración jurada de la víctima para acceder al aborto, y exhortó al poder judicial a abstenerse de judicializar la práctica. 

La vigencia del artículo 86, sumado al reciente fallo de la Corte, no bastaron para que el personal del hospital de El Calafate de todos modos exigieran la intervención judicial. El juez de instrucción penal Carlos Narvete, ante esta solicitud, se pronunció en línea con la sentencia del máximo tribunal y declaró que “la judicialización del caso es innecesaria”, que se trata de un tema de salud y no penal, y exhortó “a hacer operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, como el presente caso” según da cuenta Página12. Llamativamente, todos los ginecólogos del hospital se declararon objetores de conciencia. Esta última es la versión publicada en Clarín, mientras que Página12 recoge declaraciones de Norma Costa, secretaria de Desarrollo Social del municipio de El Calafate, en las que precisó el ministro de Salud provincial le manifestó que todos los hospitales del interior de Santa Cruz se declararon objetores de conciencia. 
 
 

La diferencia respecto a la cantidad de médicos declarados objetores de conciencia es un dato no menor, pero en cualquier caso, alarmante. Si bien la objeción de conciencia es un derecho, es un derecho individual, nunca institucional. Llama la atención que plantas enteras de uno o más hospitales sean masivamente objetoras. Este dato, sumado a la interpelación al Poder Ejecutivo provincial que realizó Narvete en su pronunciamiento, desencadenaron hechos que no fueron cubiertos por los diarios nacionales. El periódico digital local InfoGlaciar publicó el viernes 8 de junio que el Ministerio de Salud provincial adhirió mediante una resolución al Protocolo de atención del aborto no punible realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, y lo notificó al hospital de El Calafate. 

Faltando escasas horas para que se concretara la adhesión, ginecólogos del nosocomio cambiaron de opinión y se manifestaron propensos interrumpir el embarazo. Pero sorpresivamente la familia de la víctima también cambió de opinión y desistió del procedimiento. Si bien basta con una declaración jurada de la víctima ante el médico para realizar un aborto no punible, en el caso en cuestión había existido una denuncia formal de los padres de la adolescente. De hecho, ya le habían realizado una entrevista con la psicóloga del Juzgado interviniente, y habían acordado tomar muestras de ADN en el momento de la interrupción. Sin embargo, retractaron la solicitud. El diario InfoGlaciar desliza rumores que dan cuenta de que “la chica pudo haber sido sometida a un abuso sexual, pero en el entorno familiar.”

Las conclusiones que pueden extraerse del caso y de la cobertura son múltiples. Las más, son negativas: los médicos continúan aduciendo barreras inexistentes, y las adolescentes atacadas sexualmente quedan a merced de un tratamiento institucional vergonzoso. Muchas veces la violación se produjo en el ámbito cercano, según se desprende de varios de los fallos que giraron a la interpretación del artículo 86 (incluyendo el mismo caso F.A.L.), y esta es una razón por demás elocuente para que los Protocolos que se elaboren en las provincias tengan en cuenta que no debería exigirse a las menores contar con el consentimiento de los representantes legales para abortar. Las conclusiones positivas que se extraen de la noticia, si es que cabe el calificativo de positivo en este contexto, es que hubo un juez que actuó como su investidura requiere, y que la Provincia ratificó el protocolo nacional. Ojalá los médicos comprendan cabalmente cuál es la ley vigente, y que deben cumplirla.
 
 
 
 
 

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