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Revés judicial para un intento de restringir los derechos
 

Hace tiempo que el Poder Judicial se ha convertido en un ámbito donde se disputa la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Las restricciones que se imponen a las mujeres para el ejercicio de sus derechos son impulsadas muchas veces por activistas antiderechos, ante la mirada indiferente o cómplice de algunos efectores de salud y operadores de la justicia.

En la provincia de Entre Ríos, se acaba de poner un límite a esta avanzada en contra de los derechos de las mujeres. La Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el recurso de amparo presentado por la agrupación católica Pro Vida contra la aplicación del protocolo para los abortos no punibles, recientemente implementado en esa provincia. Según relata la noticia publicada en el diario Página12, los jueces Jorge Alberto Pirovani, Sergio Daniel Toloy y Juan Carlos Tito resolvieron que “no había legitimación activa” de los accionantes porque no se comprobó que puedan verse afectados por la aplicación de la guía de procedimientos para quienes soliciten prácticas de abortos no punibles. Por lo tanto, de acuerdo con esta fuente periodística el rechazo de la acción se vincula con motivos procesales (los accionantes no pueden plantear el cuestionamiento judicial del protocolo provincial) pero no con el fondo del tema (no hay razones legales ni constitucionales que permitan cuestionar el protocolo de atención de abortos no punibles).

En las acciones judiciales, el primer análisis que se realiza es si quien plantea una demanda está habilitado para hacerlo, si tiene "legitimación activa", es decir, legitimación procesal para actuar en el impulso de la acción. Si el tribunal resuelve que no la tiene, no hay motivos para analizar el fondo del planteo, y allí termina el caso que (eventualmente) podría volver a plantearse con otro demandante.

Será importante esperar la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, ya que la noticia adelanta que el fallo de la Cámara será apelado.

Pero, en todo caso, será imprescindible recordar que el objetivo del protocolo es buscar garantizar la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La nota de Página 12 no menciona que el protocolo de la provincia de Entre Ríos se enmarca en las acciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhorta a tomar a los poderes ejecutivos nacional y provinciales y autoridades de salud. En el caso FAL s/ medida autosatisfactiva la Corte no sólo aclaró la interpretación correcta del artículo 86 del Codigo Penal, sino que además avanzó en establecer los lineamientos generales que deberían tomar las autoridades públicas para asegurar la accesibilidad de esa práctica.

Por lo tanto, más allá de la falta de legitimación activa de los accionantes en el caso recientemente rechazado por la justicia de Entre Ríos, lo importante es señalar que no hay argumentos constitucionales ni legales que justifiquen el cuestionamiento de medidas tendientes a garantizar la efectiva vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Planteos como este, deben ser rechazados en todas las circunstancias.
 

 
 
 

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