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De símbolo del horror a centro de asistencia
 
El 5 de julio último la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto para expropiar la casa en la que Ricardo Barreda asesinó a sus hijas, su esposa y su suegra en el año 1992. La casa, abandonada desde entonces, se convirtió en un símbolo en más de un sentido. Para el movimiento de mujeres, en símbolo del horror; para un sector misógino y más brutalmente reaccionario, en parte de un tour morboso, que celebraba a Barreda como un “santo” en una pretendida (mal) humorada.

La apropiación del inmueble en el que se cometió un cuádruple femicidio tan resonante por parte de una organización que trabajaba en temas de violencia contra las mujeres tiene una finalidad loable: resignificar un espacio asociado a la forma más extrema de violencia y destinarlo a tareas de prevención, capacitación, contención y educación, de acuerdo a las declaraciones citadas en Página12 del legislador Gabriel Bruera, autor del proyecto de ley que fue girado al Senado.
 
 
Según informó el diario Crónica en la edición del 6 de julio, el costo de expropiación del inmueble correrá por cuenta del gobierno provincial y la municipalidad de La Plata sostendrá económicamente el lugar, cuya gestión estaría a cargo de la ONG María Pueblo. Surgen, entonces, dos cuestiones. Por un lado, el tema de la transparencia o, más precisamente, la falta de ella por parte de la municipalidad a la hora de elegir quién se hará cargo del espacio expropiado. Este es uno de los reclamos que la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires manifestó en una carta dirigida a Diputados y Diputadas provinciales.

Por otro lado, considerando que el Estado es el responsable de velar por el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos que suscribió, y que incluyen la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, cabe preguntarse si no debería ser el propio Estado provincial el encargado de gestionar el lugar. No son pocas las deudas de los estados provinciales y nacional en términos de derechos de las mujeres, sin embargo, en esta ocasión delega lo que constituye su responsabilidad directa.

De todos modos, e independientemente de si la gestión del lugar debe estar a cargo del Estado o de la sociedad civil, el objetivo máximo de la expropiación estará cumplido cuando ya nadie siquiera ose hacer un chiste violento respecto de los crímenes cometidos por Ricardo Barreda, sin que la condena social se lo impida.
 

   
 
 
 
 
 

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