Subscribite a nuestro newslatter
Comunicado de prensa
Repudio al escrache de grupos antiderechos en Tucumán
 

(Buenos Aires, 10 de agosto de 2012) - La Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres, una red que nuclea a más de 100 abogados y abogadas de todo el país, expresa su preocupación y rechazo frente a la violenta manifestación encabezada por los legisladores José Páez (de la Democracia Cristiana), Claudio Viñas (Fuerza Republicana), Dora Bianco (Bloque por Yerba Buena) y el Diputado Nacional Juan Jose Casañas (Unión Cívica Radical) frente a un curso organizado por el Ministerio de Salud de la Nación y el SIPROSA, destinada a profesionales de la Maternidad de San Miguel de Tucumán, de actualización en salud sexual y reproductiva, y atención integral de abortos no punibles y a victimas de violencia sexual.

Rechazamos y denunciamos públicamente la violencia de los manifestantes que impidieron que el curso pudiera llevarse a cabo, atentando contra el derecho humano a la libre expresión. Asimismo, rechazamos y denunciamos las declaraciones hechas por el legislador provincial José Páez, quien demostró un profundo desconocimiento y desprecio por la democracia, nuestra Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su decisión en la causa F.A.L s/medida autosatisfactiva, interpretó el alcance del artículo 86, que despenaliza el aborto en ciertos casos desde 1921. En su fallo, la CSJN deja en claro que toda mujer tiene derecho a solicitar a un servicio de salud la interrupción de su embarazo cuando éste sea producto de una violación o ponga en peligro su vida o su salud, sin necesidad de requerir una intervención judicial . En este sentido, la Corte recoge la jurisprudencia de los Organos de Tratados de Derechos Humanos, y señala en particular que no garantizar el acceso al aborto cuando es legal puede acarrear responsabilidad internacional para el estado Argentino.

La CSJN, como máximo interprete de la Constitución Nacional, puso en cabeza de los restantes poderes estatales la obligación de arbitrar los medios para garantizar el acceso al aborto en los casos en los que es legal. Y mas aún, para la CSJN desconocer este derecho de la mujer y poner mayores barreras que las establecidas en la ley, es ilegal y por lo mismo, susceptible de ser sancionado por vía penal y administrativa. Las declaraciones del Legislador Paez demuestran no solo su desprecio por las decisiones de nuestro Máximo Tribunal, si no que desinforman a los médicos y médicas exponiéndolos a posibles sanciones penales y administrativas.

Actos de violencia como los protagonizados por estos grupos antidemocráticos, nos obliga a estar alertas y a denunciarlos públicamente porque atentan contra los principios más básicos consagrados en la Constitución Nacional.

Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres

 

 
 

Volver