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Río Negro. 07/09/2012 
El show ¿debe continuar?
 
Las reiteradas críticas a "Showmatch" y a "¿Quién quiere casarse con mi hijo?" por reforzar estereotipos sexistas reabrió el debate sobre la idea de violencia simbólica contra la mujer y la validez de un mayor control a los contenidos.

Por Belén Spinetta

"Debe ser linda, inteligente, alta, con buenas curvas, pero sobre todo tener muchas ganas de parir y criar seis hijos porque yo quiero tener seis nietos". Ésas parecen ser las máximas de Máxima, una de las madres exigentes que protagonizan el reality show "¿Quién quiere casarse con mi hijo?", el nuevo programa de Telefe conducido por Catherine Fulop. Es una oda a la mercantilización de las mujeres, las que compiten entre ellas para quedarse con el premio: casarse con el candidato. Claro que antes serán sometidas a un profundo test en el que no se medirán sus dotes como personas de bien, sino cuánta celulitis tienen, si saben planchar y cocinar, si están dispuestas a criar los hijos "de él" e incluso se las invitará a intervenirse quirúrgicamente para "corregir" algunos aspectos corporales que escapan al target pretendido.

Este nuevo reality y el regreso de "Showmatch" a las pantallas vuelven a poner en el tapete los debates sobre los contenidos que transmite la televisión argentina.

La persistencia de estereotipos acerca de lo que debe ser una mujer, basados en la exaltación de su papel como objeto sexual, por un lado y como ama de casa, por el otro, obliga a reflexionar acerca de las posibilidades de generar otro tipo de contenidos: no sexistas, no discriminatorios y transmisores de valores de igualdad.

Nuestro país cuenta con un marco legal innovador que permite identificar la discriminación que sufren a diario las mujeres en los medios de comunicación como un tipo específico de violencia.

La ley 26485 caracteriza a la violencia mediática, una de las modalidades en las que se manifiesta la violencia simbólica, como la "publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través del cualquier medio masivo de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de la imagen de mujeres, adolescentes y niñas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de desigualdad o reproductores de violencia contra las mujeres".

Sin embargo, esta normativa no prevé aún sanciones para la violación de lo dispuesto en sus artículos, hecho que se salva para los casos de productos televisivos a través de la ley de Comunicación Audiovisual.

Tanto el "Bailando por un sueño" de Showmatch, como "¿Quién quiere casarse con mi hijo?" (ver recuadro) recibieron críticas del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo estatal interinstitucional constituido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).

El Observatorio actúa por iniciativa propia, en los casos en que lo considera pertinente, por reclamos o denuncias de terceros. Analiza los contenidos objetados y concluye si el material observado contiene o no un mensaje discriminatorio. Posteriormente, se comunica con las partes involucradas en la creación y difusión del contenido objetado y se da a conocer al público en general.

La Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista) presentó en el 2010 una denuncia ante la Afsca cuestionando los contenidos de "Bailando por un sueño" a partir de una pieza de baile que había sido protagonizada por Silvina Escudero. Si bien esa denuncia aún permanece en este organismo, el Observatorio ya multó a Canal 13 por tres millones de pesos por un caso anterior: el desnudo total protagonizado por Cynthia Fernández el año pasado. La multa todavía no se efectivizó debido a las instancias burocráticas de apelación que establece la norma.

En esta discusión no debe obviarse que, pese a que crecen los llamados de atención de la sociedad civil sobre los contenidos de la televisión y avanza cierto control estatal, estos debates traen aparejados otro aspectos, vinculados con los límites que debe imponer o no el derecho a la libertad de expresión.

De hecho, cuando Afsca notificó a Canal 13 sobre la multa millonaria que se le aplicaría por el caso de Cinthia Fernández, el canal presentó un descargo en el que argumentó que se trató de un hecho "involuntario, corto y lejano". Remarcó el carácter pretendidamente "artístico" del baile y lo ubicó en el marco de la "libertad de expresión", que protege la Constitución Nacional y que su juicio no puede ser coartado por estas reglamentaciones.

Aunque en nuestro país la legislación surgida desde el 2006 ayudó a visibilizar la necesidad de generar políticas públicas para combatir los estereotipos de género y revertir la humillación que las mujeres sufren en distintos productos audiovisuales, éstos no son debates nuevos.

A partir los 90 las demandas de distintos ámbitos de la sociedad civil se plasmaron en varios encuentros internacionales de comunicación y género en los que se propusieron nuevas estrategias de incidencia como los monitoreos o el reclamo de políticas públicas.

Una de las iniciativas más importantes en este sentido es el Monitoreo Global de Medios que desde 1995 y cada cinco años lleva a cabo la Asociación Mundial Para la Comunicación Cristiana (WACC). (Ver recuadro)

Leyes de avanzada, poco impacto
Aunque la nueva ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer (26485) arroja luz sobre el impacto de la violencia mediática, ésta no parece ser un área relevante para el ejercicio de políticas públicas. En palabras de la periodista Paula Rey, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, esto puede tener que ver por un lado con lo "novedoso" de la definición. "Otros tipos de violencia, como puede ser la sexual o la intrafamiliar, están en el tapete desde hace ya bastantes años, pero la conceptualización de la violencia mediática, al menos en nuestro país, es relativamente reciente. Por otro lado, a esto se le suma el hecho de que, más allá de la poca permeabilidad a las críticas por parte de los medios de comunicación, toda incidencia o cambio que se proponga en el ámbito mediático se vincula con otro debate siempre vigente como es la libertad de expresión".

Sobre este punto enfatiza la especialista Gisela Grunin, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), que "la ley 26485 es una muy buena norma pero en su conjunto no es concebida como prioritaria –y no solamente los artículos sobre violencia simbólica y mediática–, pese a la magnitud y la crueldad de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres que vemos crecer cotidianamente".

Para la especialista, atender las violencias simbólica y mediática es clave, porque en ese terreno se afianzan, se validan, circulan y también a veces se construyen los modelos de dominación de los hombres por sobre las mujeres, en relaciones jerárquicas de poder que socialmente se aceptan y practican.

"La intervención del Estado en estos espacios es compleja, y pienso que debe pensarse de forma conjunta con otros cambios necesarios como implementar de educación sexual integral en escuelas y capacitar al personal judicial y administrativo relacionado con la atención a las víctimas. No podemos pedir a medios, publicistas, periodistas, guionistas, etc. que cambien su modo de ver el mundo porque lo dice una ley, porque son parte misma de la sociedad que moldea esas miradas".

Volviendo a los debates vigentes, la integrante de FEIM remarca que "aunque tenemos pocos antecedentes sobre la forma en que el Estado puede intervenir en estos aspectos, sin arriesgarse a limitar otros derechos como el de la libertad de expresión, debemos encontrar las formas de fortalecer este proceso y que se reconozca la responsabilidad social directa que asumen estos actores sociales en la violencia hacia las mujeres".

Balances necesarios
Nobleza obliga reafirmar que no todo es negativo en el panorama mediático nacional. Tal como enfatiza Paula Rey, si bien la televisión es el ámbito en el cual se puede observar con mayor notoriedad la cosificación de la mujer, hay que decir que poco a poco los temas impulsados desde el movimiento de mujeres se están instalando en la agenda de los medios. "Ya no resulta extraño que se cubran noticias sobre violencia de género ni que se hable de violencia contra las mujeres o femicidio en lugar de crimen pasional. Incluso en los programas de ficción aparece este tipo de contenidos".

Para la comunicadora Marcela Gabioud, quien fue la coordinadora nacional del monitoreo de la WACC, la representación en la tevé argentina es variada, quizás hasta mejor que en otros países de Latinoamérica donde prima lo amarillista y melodramático y donde el rol de las mujeres aparece muy subordinado a los hombres y representando roles socialmente aceptados. "Sin embargo, comparten la cosificación del cuerpo femenino y eso genera la desvalorización personal y social y sigue marcando cuál es el lugar que la mujer debería ocupar", agrega.

Como positivo destaca el trabajo de muchas personas de los medios que cuestionan y desafían los estereotipos aun en programas de chimentos. "Creo que es el resultado de la incidencia de diferentes grupos y movimientos de mujeres que tratan de visibilizar el impacto que tienen los medios en la conformación de las subjetividades femeninas y masculinas y de cómo el efecto de eso no es inocente sino que puede llevarse la vida de muchas mujeres", sostiene.

Por otro lado vale cuestionarse si son suficientes las multas económicas como la que recayó sobre Canal 13 por Showmatch, y si el Estado debe intervenir en los contenidos sin atentar contra la libertad de expresión.

"Las multas económicas no alcanzan porque los grupos de poder siempre tienen dinero para pagar, por eso lo más importante es la multa social. Es la vergüenza social que genera ser un mercader de cuerpos lo que tiene más peso, porque los desenmascara y por lo tanto quien mira esos programas se transforma en cómplice de esa situación", reflexiona Gabioud, quien cree que aún falta "una interrelación más profunda entre el Estado y la sociedad civil para sancionar a quienes no cumplen con la ley".

El tema de las libertades de prensa y expresión parecen ser el terreno más controversial sobre el que se dan estos debates. Sin embargo, es tajante en este punto: "La libertad de prensa nunca debe ofender, deslegitimar ni estereotipar a hombre y mujeres. Ése es el límite", agregó.
 
 
 

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