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Un protocolo que pone trabas a un derecho
 

El gobierno porteño aprobó un protocolo para abortos no punibles que no cumple con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó la atención de los abortos no punibles a través de una resolución firmada por el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus. Sin embargo, el protocolo fue calificado como un retroceso por el movimiento de mujeres ya que no cumple con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 13 de marzo. Tal como informaron Crónica, Clarín, La Nación y Página12 en sus ediciones del 11 de septiembre, la resolución 1252 aprobada por el Ministerio establece una serie de requisitos arbitrarios que implican barreras de acceso al aborto no punible.
 

 


Una de las restricciones impuestas por el protocolo es la imposición de un límite de doce semanas de embarazo para llevar adelante la intervención en los casos en que el embarazo haya sido producto de una violación. Este límite, que no está estipulado en el Código Penal, complejiza el acceso al aborto de las mujeres, especialmente de niñas, adolescentes y aquellas con discapacidad mental, ya que en estos casos el embarazo no suele ser detectado antes de los tres meses. Además, las mujeres que hayan sido víctimas de violación y quieran acceder a un aborto no punible deberán presentar una declaración jurada que (según el modelo aprobado en la Resolución) se parece más a una denuncia que a una simple declaración ya que pide información irrelevante para el propósito que debe servir. En el caso de las mejores de 18 años y las declaradas incapaces por sentencia judicial necesitarán la autorización de su madre, padre o representante legal.
 

 


La Iglesia no tardó en salir a reprobar la resolución del Ministerio de Salud y los cuatros diarios monitoreados dieron cuenta de ello. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, calificó de "lamentable" la decisión de la administración de Mauricio Macri, y reiteró que "el aborto nunca es una solución". En un comunicado el arzobispo advirtió: "Percibimos una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer”.
 

 

Página12 fue el único diario que mantuvo el tema en su agenda, informando sobre los diferentes sectores que expresaron su rechazo al protocolo y con notas de opinión sobre el tema, como la publicada en el suplemento Las12 del viernes 14 de septiembre firmada por Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), quien afirmó que el Ministerio de Salud de la Nación no asumió su rol de responsable principal de las políticas de salud. “Ahora tenemos una variedad de protocolos y, muchos de ellos, como el que establece el Ministerio de Salud porteño, con diferencias importantes que implican que, según dónde vive cada mujer que pide esta práctica, la recibe en diferentes condiciones y no todas respetan íntegramente sus derechos” explicó.
 
 


La diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, le dijo a Clarín que considera el protocolo “una estrategia” política del macrismo que fue acusado de frenar el debate en la Legislatura para sancionarlo por ley. Sin embargo desde el Ministerio de Salud negaron que haya voluntad de sacar una ley sobre abortos no punibles.

A seis meses del pronunciamiento de la Corte Suprema, solo 4 provincias respetan el fallo sobre aborto no punible. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación sigue sin pronunciarse sobre este tema. Asi, sigue sin garantizarse el derecho de las mujeres de acceder al aborto no punible, sea por el motivo que fuere.


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