Subscribite a nuestro newslatter


 Tiempo Argentino. Sociedad. 03/10/2012

Seguiremos reclamando campañas, estadísticas y políticas públicas
 

Por Natalia Gherardi

Sancionar el femicidio no sólo es una obligación del Estado sino también un compromiso ético con los Derechos Humanos: debe tomar todas las medidas para lograr la sanción efectiva del perpetrador.

Investigaciones realizadas por especialistas (como la Defensoría General de la Nación) indican que los problemas que llevan a la impunidad de diversas formas de violencia contra las mujeres (también el femicidio) se vinculan no tanto con las leyes vigentes como con los procedimientos y su aplicación por operadores del derecho.

La reforma legal no es la principal preocupación cuando se analiza qué está funcionando mal que estas violencias permanecen impunes.

El Congreso analiza la reforma del Código Penal para incorporar nuevos supuestos en los que el homicidio recibiría la máxima condena de modo de superar algunas distinciones que no tienen justificación. El asesinato de una pareja legal o de hecho, actual o pasada, merece la misma condena.

Del mismo modo, la sanción de los crímenes de odio por motivos de raza o religión merecen el mismo reproche penal que los de odio por orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Pero no será el Código Penal, aun correctamente aplicado, el que podrá prevenir la violencia. Para eso, seguiremos reclamando presupuesto, campañas, información, estadísticas, políticas públicas y un compromiso político del máximo nivel.
 

 
 

Volver