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Comunicar Igualdad. 12/10/2012
Aborto no punible: la Corte rechaza una vez más barreras institucionales
 

Un nuevo fallo de la Corte Suprema recuerda que los tribunales judiciales no deben intervenir en los casos de aborto no punible y que son las autoridades de los Ejecutivos quienes deben garantizar este derecho. La sentencia que se conoció ayer permitió que una mujer violada y víctima de trata accediera al aborto en la Ciudad de Buenos Aires y puso fin a la violencia institucional que desató este caso.

Por Alejandra Waigandt

COMUNICAR IGUALDAD- La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió nuevamente en un caso de aborto no punible, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires y para que una mujer de 32 años que fue violada en situación de explotación sexual pueda acceder al derecho de interrumpir una gestación no deseada. La sentencia que se conoció ayer detiene por otra parte la violencia institucional que ejercieron tanto el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri cuando divulgó el caso, y la jueza en lo civil Myriam Rustán de Estrada, que el martes 9 impidió la realización de la práctica médica, desconociendo el artículo 82 del Código Penal (CP) y el histórico fallo del máximo tribunal en la causa F.A.L. que establecen y garantizan el derecho de la mujer al aborto no punible.

La Corte intervino rápidamente dejando sin efecto la cautelar que suspendió la interrupción de una gestación permitida por el CP y comprendida en la resolución 1252 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, del 6 de septiembre, que indica el procedimiento para la atención en los hospitales públicos del aborto –esta guía fue superada por una la ley de aborto no punible que adecuaba dicho procedimiento al fallo de la Corte y resultó vetada por el Gobierno porteño-.

La suspensión del aborto legal fue resuelta por la magistrada Rustán de Estrada, a partir de una denuncia de la Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia (PRO Familia), que se movilizó después de conocer las declaraciones periodísticas de Mauricio Macri. Esta organización recurrió al Juzgado Nacional en lo Civil 106, a cargo de Rustán de Estrada, porque la cautelar había sido rechazada el sábado 6 de octubre por el juez Guillermo Scheibler, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 14 de la Ciudad. El magistrado interpretó que no había necesidad de judicializar el caso y mencionó el fallo del caso FAL –adolescente que fue abusada sexualmente en Comodoro Rivadavia– del 13 de marzo.

En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Natalia Gherardi, abogada y directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), organización que asesora a la mujer que está siendo obligada a realizar acciones judiciales para acceder al aborto no punible, explica: “Lo que dice la Corte en esta nueva sentencia es que en estos casos la justicia a nivel nacional, provincial y local no debe intervenir”.

“La resolución de la Corte (del 11 de octubre) es la reafirmación de que el fallo en el caso F.A.L. fue en serio, es la reafirmación de dicho fallo en todos sus términos”, sostuvo Gherardi, que anunció que el lunes ELA denunciará ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Rustán de Estrada porque “dicta una medida infundada, es decir que no brinda fundamentos razonados y basados en derechos, la jueza no menciona el fallo del caso F.A.L. y tampoco hace referencia a lo que dice la Corte sobre la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y el Código Penal. Esperamos que el Consejo de la Magistratura tome la denuncia, arme un sumario y sancione a la jueza. Los jueces deben responsabilizarse de sus actos”.

La directora de ELA señaló asimismo que la sentencia que suspendió el aborto fue ‘ilegítima’, en cuanto a que la magistrada desconoció que la causa debía ser sorteada entre la/os jueca/es de turno. Esta situación llevó a la máxima autoridad de la Cámara Nacional en lo Civil el jueves 11 a dictar el reemplazo de Rustán de Estrada y asignar el caso al juez Miguel Güiraldes, a cargo del Juzgado 56.

Güiraldes dio lugar a la apelación que impulsaron por un lado la mujer a la que la justicia civil impidió abortar, y por otro lado el procurador general de la Ciudad Julio Conte Grand, elevando la causa a la Cámara Nacional en lo Civil. Gherardi aclaró aquí que “la Corte intervino rápidamente para suspender los efectos de la cautelar y ordenar a la Ciudad que cuando se solicite el aborto no punible realice la práctica inmediatamente. Luego, como es habitual, antes de pronunciarse con carácter definitivo la Corte remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación, es decir que esto va a volver a la Corte y la misma va a tener oportunidad de hablar de la violencia institucional”.

Más violencia
La mujer que finalmente accederá al aborto fue víctima de violencia de género prevista en la Ley 26.485, que la persigue, previene y busca su erradicación: siendo víctima de un red de trata tuvo que afrontar un embarazo no deseado y tras escapar a la misma en Puerto Madryn y llegar a la Ciudad de Buenos Aires, donde fue auxiliada por la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Hospital Ramos Mejía, el Gobierno de la Ciudad y la Justicia Nacional en lo Civil entorpecieron el ejercicio de su derecho a abortar cometiendo violencia institucional.

De hecho, comunera/os y la/os legisladora/es opositora/es María José Lubertino, Gabriela Alegre, Jorge Selser, María Elena Naddeo, Gabriela Cerrutti y Alejandro Bodart, entre otros, denunciaron ante la Cámara del Crimen al jefe de Gobierno Macri por violar los artículos 157 y 248 del CP, las leyes nacionales de protección de datos personales y de protección integral contra la violencia de género, y la ley básica de Salud de la Ciudad, al revelar datos sobre la realización de un aborto no punible. Horas más tarde el diputado Bodart (MST-Proyecto Sur) presentó ante la misma Cámara una denuncia contra el director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por suspender el aborto no punible.

Según declaraciones de Naddeo, titular de la Comisión de Mujer, la cual veló para que no se disolviera el acuerdo entre bloques opositores que llevó a la sanción de la Ley de Aborto No Punible en la Ciudad: “Macri quiso aminorar el costo político del veto a la ley y, con ese objetivo, cometió varios delitos. Quiso instalar la idea de que el aborto no punible ya existía en la Ciudad y, en su afán de querer deducir el impacto de una medida que tiene muchos apoyos en la sociedad, dio detalles del caso del Ramos Mejía y agravó la situación de esta mujer, víctima de la trata”.

La diputada del Frente para la Victoria María Rachid señaló por su parte que está pendiente el tema de la Resolución 1252 del Gobierno de la Ciudad: “No cumple con los lineamientos de la Corte para la elaboración de protocolos, motivo por el cual hemos realizado una presentación judicial impugnando su validez con la que llegaremos a la Corte de ser necesario porque sabemos que esta Corte defenderá los principios enunciados en su fallo”, expresó.

 
 

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