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Clarín. Sociedad. 22/10/2012

Trabajo de diez organizaciones no gubernamentales

Presentaron un crítico informe sobre derechos sexuales en el país
 

Lo analizará hoy Naciones Unidas. Dice que no se respetan leyes vigentes de anticoncepción y educación sexual.

Mariana Iglesias
miglesias@clarin.com

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizará hoy a la Argentina en su segundo "Examen Periódico Universal". Uno de los temas será la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Si bien el Estado mandó un informe, diez organizaciones no gubernamentales enviaron, por su parte, un informe crítico en el que especifican las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, a la anticoncepción quirúrgica y a la educación sexual, todas leyes vigentes pero de aplicación dispar en el país. También se trata la situación del aborto no punible.

Las organizaciones civiles ar- maron un informe que contrasta con lo que dice el Estado. Lleva las firmas de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR).

Sobre el acceso a los métodos anticonceptivos, el trabajo sostie- ne que en 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene a cargo la implementación de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable ("Ley Nacional de Salud Sexual") que estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva.

"La implementación es dispar. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva está librado al arbitrio de la voluntad de los gobiernos locales, incumpliendo el Estado nacional su obligación de garantizar los derechos humanos de toda la población", dice el informe.

En agosto de 2006 se aprobó la Ley 26.130 de Anticoncepción Qui- rúrgica (ACQ), que pretendió poner fin a los obstáculos que enfrentaban las mujeres al ser derivadas al poder judicial solicitando auto- rización para realizarse la práctica y eran derivadas al Poder Judicial en busca de una autorización judicial previa. "La ACQ sigue teniendo graves problemas de acceso en Argentina. En numerosos casos se les exige a las mujeres requisitos que las leyes no contemplan, como autorizaciones del cónyuge, límites etarios arbitrarios, informes psicológicos, análisis pre-quirúrgicos que demoran meses o determinado número de hijos", sostienen.

También en 2006 se sancionó la ley 26.150, que estableció el dere- cho de los niños a recibir educación sexual y creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Recién en agosto de 2008 se firmó la Declaración Ministerial "Prevenir con Educación" y el programa comenzó a funcionar. Hasta el año pasado únicamente en 7 provincias se sancionaron leyes de edu- cación sexual. "Entre los desafíos que señala la propia coordinadora del Programa está la dificultad del enfoque de derechos y la perspectiva de género, la inseguridad que sienten los equipos docentes a la hora de instalar los contenidos en las aulas, el temor en el diálogo con las familias y las dificultades institucionales de implementación", dicen las organizaciones civiles.

La situación del aborto no puni- ble se lleva una gran parte del in- forme. "A pesar de que la legislación contempla causales en las que el aborto no es punible, las mujeres en esas situaciones históricamente no pudieron acceder a un aborto legal seguro en los servicios públicos de salud. Los médicos han insistido siempre en exigir autorización judicial para interrumpir el embarazo, ya sea por desconocimiento de los permisos de la ley penal, temor a persecuciones criminales u objeción de conciencia".

"Mayores dificultades enfrentan las víctimas de violación ¬sigue el informe¬ ya que, pese a estar contempladas dentro del permiso legal, las respuestas a sus pedidos de aborto no punible es todavía, en muchos casos, restrictiva: únicamente las mujeres violadas con discapacidad mental. La interpretación amplia, que fue avalada incluso por fallos judiciales de primera y segunda instancia, y, recientemente, por la Corte Suprema, considera que el aborto no es punible en cualquier caso de violación. Sin embargo, este fallo no ha sido acompañado de ningún pronunciamiento público por parte de la autoridad máxima de la política sanitaria del país, esto es, el Ministerio de Salud de la Nación".

La Iglesia y el aborto
Los obispos católicos rescataron ayer el valor de la maternidad en la sociedad al advertir que este "don" es "agredido" y "degradado", en medio del debate por la reglamentación de los protocolos hospitalarios para los abortos no punibles. El presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, agradeció a las madres en su día por "su generosidad en la participación y cuidado del don de nuestra vida".
 

 
 

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