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Comunicar Igualdad. 23/10/2012
Derechos sexuales y reproductivos sin agenda pública
 
Argentina no tuvo en cuenta temas urgentes sobre derechos sexuales y reproductivos en el informe que preparó para su segundo Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra. Así lo denunciaron 10 organizaciones civiles que elevaron un informe diferente al del Estado a las Naciones Unidas, donde denuncian la mortalidad materna, la falta de acceso al aborto no punible y los problemas con la información pública, entre otros temas. Las organizaciones se oponen además a un proyecto de ley nacional que regule los no punibles -reglamentados desde 1921 en el Código Penal- y reclaman en cambio que el Ministro de Salud ratifique por resolución ministerial la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles.

Por Alejandra Waigandt

Organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres advirtieron en una conferencia de prensa que la falta de acceso al aborto no punible en Argentina y otros temas polémicos sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos no figuran en el informe que el Gobierno argentino ofreció en Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde desde el lunes 22 de octubre hasta el 5 de noviembre se desarrolla la decimocuarta sesión del Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar el desempeño de los 193 países miembros en materia de derechos humanos. El sector de las ongs elaboró un informe diferente, centrado en los derechos sexuales y los derechos reproductivos y tiene expectativas respecto de las recomendaciones que la comunidad internacional puede realizar dentro de 30 días aproximadamente, en cuanto a la discriminación que sufre la mujer en este ámbito.

Ayer Argentina fue cuestionada por países como Noruega, Suiza, Alemania, Uruguay y España, puesto que sus Embajadas conocían el informe con las advertencias que las ongs vienen haciendo respecto del aborto no punible, la legalización de esta práctica médica y el acceso a la información pública, entre otros temas, según señalaron referentes de este sector a COMUNICAR IGUALDAD en una conferencia de prensa realizada en la sede Asociación por los Derechos Civiles (ADC) después de que el Gobierno argentino ofreciera su informe en su segundo EPU.

En primer lugar llamaron la atención sobre las barreras para acceder al aborto no punible, un derecho humano conquistado en 1921 (artículo 86 del Código Penal), originadas en una alianza entre organizaciones católicas conservadoras, sectores judiciales y médicos, tal como demuestra la polémica abierta por las sentencias de los tribunales civiles de Santa Fe, Córdoba y Salta, y la Ciudad de Buenos Aires, que intentaron impedir que mujeres víctimas de violación interrumpan la gestación, oponiéndose abiertamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 13 de marzo intentó remover dichas barreras. En este sentido las ongs calificaron de innecesaria una legislación nacional –el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso sobre el aborto no punible–, ya que este derecho se encuentra garantizado por el Código Penal y la jurisprudencia dictada por los fallos de la Corte en el caso F.A.L. (Chubut) en marzo de este año, y recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la solicitud de interrupción de la gestación de una mujer víctima de trata. En cambio exigieron que el Ministro de Salud ratifique por resolución ministerial la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles.

Concretamente la Corte señaló que no debe judicializarse el acceso al aborto no punible y exhortó a las provincias a reglamentar los procedimientos para la atención de dicha práctica médica en los hospitales públicos, pero desde marzo hasta la fecha sólo 9 de 24 jurisdicciones federales instrumentaron protocolos y algunas provincias adoptaron procedimientos restrictivos en comparación con la Guía nacional. Sobre este tema las ongs indicaron: “Es una situación de desigualdad jurídica porque la respuesta que recibe una mujer que reclama el derecho al aborto no punible depende de dónde vive. El Ministerio de Salud debe adquirir una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte Suprema y tratar el tema en el Consejo Federal de Salud (COFESA)”.

En el tema del acceso al aborto no punible solicitaron además que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, puesto que se encuentra aprobado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo.

En Ginebra, la delegación argentina encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda, expuso sobre las políticas implementadas en educación, desarrollo social y salud, destacando los avances en la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y en materia de combate de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Informaron por ejemplo sobre la violencia de género y la legislación vigente. En cambio, los derechos sexuales y los derechos reproductivos fueron abordados debido a los requerimientos de los miembros del comité de evaluación del organismo multilateral. Aquí la delegación argentina mencionó el fallo de la Corte, el Código Penal, la Constitución de 1994 que incorporó los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otras políticas.

En tanto el informe del tercer sector da cuenta de ‘las deudas’, destacando el tema de la mortalidad materna –la tasa reportada para el año 2010 es de 4,4 x 10.000 nacidos vivos– y el fracaso de Argentina en reducir este índice, que se sostiene desde hace más de dos décadas y cuya causa principal son las abortos realizados en condiciones inseguras. Este instrumento fue elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR).
 
 
 

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