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La Voz 901 (Entre Ríos). 25/10/2012
Impugnan en la justicia el veto de Macri a la ley de aborto no punible
 

La legisladora María Rachid y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez ampliarán la acción de amparo contra la resolución del ex ministro Jorge Lemus; Sostienen que la medida de Macri es inválida y también inconstitucional.

Las idas y vueltas para garantizar el derecho al aborto no punible parecen no tener fin. Tras la formalización del veto del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri a la ley aprobada en la Legislatura, y la entrada en vigencia de la resolución del ex ministro de Salud Jorge Lemus, la legisladora del FPV María Rachid y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez se presentarán hoy al mediodía ante los tribunales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, para ampliar la acción de amparo que habían iniciado contra esa resolución y exigir la impugnación del Decreto 504/12.

Según explicó a Tiempo Argentino Gil Domínguez, la medida adoptada por el líder PRO es formalmente inválida porque veta la totalidad de la norma pero expresa argumentos sobre cuatro artículos, y es inconstitucional porque no respeta el concepto integral de salud de los pactos internacionales con rango constitucional en el país y desconoce los tratados que establecen el interés superior del niño. "El veto de Mauricio Macri es una vergüenza no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista del respeto a las instituciones democráticas y al sistema republicano de gobierno", señaló a este diario Rachid.

En caso de fracasar esta acción judicial, los legisladores podrían apostar a que el expediente sea tratado lo antes posible, para volver a presentar un nuevo proyecto en 2013. Más allá de esta estrategia, las organizaciones de mujeres y referentes de la oposición porteña alzaron su voz contra el veto y denunciaron que "se volvieron a vulnerar los derechos de las mujeres".

El argumento más cuestionado del veto fue el que hace referencia al "exceso" de la ley sobre los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el fallo del 13 de marzo de 2012. "La Corte exhortó a que se aprueben protocolos con la máxima jerarquía normativa posible. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una ley y la vetó. Además de ser un ejercicio antidemocrático, Macri fue contra las recomendaciones del máximo tribunal", señaló Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que patrocinó a la mujer de 32 años, víctima de trata.

Otras críticas apuntaron a la idea de que los adultos menores son "incapaces relativos" y que no se puede dar validez al consentimiento desde los 14 años porque contradice al Código Civil. La Asesora General Tutelar, Laura Mussa, quien colaboró en la redacción del proyecto aprobado por la Legislatura, recordó que Buenos Aires fue pionera en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes desde esa edad, a través de la sanción de la Ley 418, en el año 2000.

La misma Guía Técnica de Atención a abortos no punibles redactada por el Ministerio de Salud nacional establece ese límite de edad para acceder a ese servicio. Otros legisladores, entre ellos María Elena Naddeo, reiteraron que al utilizar ese fundamento, el líder PRO ignora el concepto de autonomía progresiva de la Convención de los Derechos del Niño y obvia el hecho de que en más del 80% de las violaciones a menores de edad, el victimario es cercano o integrante de la familia.

"Lo único que pondría sinceridad y terminaría con los frenos a la aplicación del aborto no punible, no sólo en la Ciudad, sino en otras provincias es que este tema se debata en el Congreso nacional. Los que trabajamos con esta normativa necesitamos certezas, no protocolos administrativos", señaló Mussa. La semana pasada, el senador Miguel Ángel Pichetto anunció durante una discusión en el recinto que presentaría un proyecto para legislar el aborto no punible en todo el país. Ese día, su par en la Cámara Alta Elena Corregido contó que en la Comisión de Salud se está discutiendo un proyecto de su autoría que busca darle carácter de ley al protocolo de la cartera sanitaria nacional.

Finalmente, la diputada radical María Luisa Storani se arriesgó ayer un poco más y remarcó que sólo el tratamiento del proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 12 y que cuenta con la firma de más de 50 legisladores, "terminará con la especulación".

También acusan al procurador general de la ciudad
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) acusó al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, de hacer "recomendaciones jurídicas graves, no únicamente respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también respecto del rol de la Corte, el sistema sanitario y el Ministerio de Salud".

La ADC señaló que, al sostener que los fallos de la Corte no son obligatorios, el procurador libró al gobierno de la obligación para dictar un protocolo. "Además, realizó afirmaciones confusas y erradas respecto de un supuesto deber de los médicos de denunciar los abusos sexuales cuando una mujer, mayor de edad y capaz, acude al hospital solicitando un aborto bajo esta causal". Puntualizaron que se pronunció a favor del derecho de los profesionales médicos a la objeción de conciencia; sin referirse en ningún momento a los límites de la objeción de conciencia, al derecho de las mujeres a acceder a la práctica, ni al deber del estado de proveer el servicio. Y sostuvo que una institución puede ser objetora de conciencia, circunstancia que no aceptan la mayoría de los tribunales de otros países.

Además, marcaron que Conte Grand se mostró crítico con la Ley 418 de salud sexual de la Ciudad, que estipula que se otorgue anticonceptivos a los menores de edad en edad fértil y afirmó que algunos de esos anticonceptivos son abortivos. "Dado que no existen anticonceptivos abortivos, debemos asumir que el procurador se refiere a la anticoncepción oral de emergencia (píldora del día después), lo que demuestra su desconocimiento", del tema, terminó la ADC.

Un pedido en la ONU
A pesar de que la Argentina salió airosa de su segundo examen en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por los avances en la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura, debió atravesar los duros cuestionamientos sobre la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva de los ciudadanos. Alemania, Holanda, Suiza y Uruguay increparon al país por sus altas tasas de mortalidad materna, cuya principal causa son los abortos inseguros, y pidieron que garantice el acceso a los abortos no punibles.

En Buenos Aires, diez organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres presentaron un informe sobre estos temas y reiteraron el pedido para que el ministro de Salud de la Nación ratifique por resolución ministerial la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles. El informe aportó información precisa sobre la desigualdad en el acceso a los abortos no punibles y a los métodos anticonceptivos, y resaltó las dificultades en la atención a la salud sexual de los adolescentes.

 
 

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