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María Ovando, absuelta
 

El Tribunal Penal Nº 1 de la ciudad misionera de El Dorado absolvió a María Ovando, de 37 años, cuya hija murió en sus brazos tras padecer un cuadro de desnutrición. El fiscal había pedido 5 años de prisión para Ovando, acusada de "presunto abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo".

María Ovando, la mujer de 37 años acusada de abandono seguido de muerte de una de sus hijas, que falleció a los 3 años a causa de un cuadro de desnutrición, fue absuelta el miércoles 28 por el Tribunal Penal Nº1 de la ciudad misionera de El Dorado. Carolina falleció en marzo de 2011, cuando Ovando la llevaba al hospital. Horas después la mujer, asustada y desesperada, enterró el cadáver al costado del arroyo Aguaraí, muy cerca de su casa. Aunque todos los medios monitoreados le dedicaron alguna nota desde el día 19, cuando comenzó el juicio, al otro día de conocerse la sentencia solo publicaron la noticia Página12 y La Nación, que incluso sacó el tema en su tapa.
 

 

Según informaron los medios, la fiscalía, que había solicitado al tribunal una pena de cinco años de prisión, reconoció que Ovando vive en una situación de pobreza estructural, aunque advirtió que eso no la exculpaba de sus responsabilidades. Sin embargo, no la responsabilizó de la muerte de su hija porque consideró que los médicos no fueron precisos al declarar durante el juicio. Por su parte, la defensa argumentó que se trataba de "un caso de criminalización de la pobreza".

El mismo argumento esgrimieron dirigentes políticos y organismos de derechos humanos y contra la violencia de género quienes se interesaron en la causa contra Ovando y exigieron su absolución, tal como destacaron ambos diarios.
 
 

"El tribunal ha sido muy respetuoso por haber dictado la absolución de María, quien había sido criminalizada por lo sucedido sin que se tuviera en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que vivían la mujer y sus hijos y que ella hizo todo lo que tenía a su alcance por salvar la vida de su pequeña hija", le dijo el abogado Eduardo Paredes a Página12. De acuerdo con los dichos de Paredes, el tribunal solicitó que la causa se remita al Juzgado de Familia, donde comenzará el trámite para que le restituyan a sus once hijos.

Tal como señaló Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en una nota de opinión publicada por La Nación el mismo jueves 29, frente a la trágica muerte de la hija, el sistema de justicia provincial reaccionó contra Ovando “con todas sus fuerzas y todos sus prejuicios”. El caso de Ovando sirve como ejemplo de, entre otras, la violación de derecho que implica la prisión preventiva, que en la práctica cotidiana se utiliza de manera automática. Herrero se pregunta cuál era el peligro de que Ovando estuviera en libertad. “Cuesta creer que una mujer que vive en una situación de vulnerabilidad absoluta, abandonada por el Estado nacional y provincial, y con nada menos que 12 hijos, pueda ser un peligro para la investigación penal, o, más ridículo aún, que pueda fugarse”, opinó Herrero. Nuevamente, género y pobreza se criminalizan. Y esto debería dejar de suceder.
 
 
 

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