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Clarín. 07/01/2013
Crimen de Lincoln: no cerrar la causa
 

Por Natalia Gherardi.
Abogada, Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La sucesión de casos sobre violencia hacia las mujeres no deja de generar horror en una sociedad que cuenta con instituciones públicas y privadas en las que hay una genuina preocupación por un tema que no parece estar cerca de ser erradicado, a pesar de los avances de los últimos años.

Se han mejorado algunas leyes; se han agravado las penas para ciertos delitos; se han establecido mecanismos facilitadores para denunciar; se han creado dependencias especializadas en los poderes ejecutivos, judiciales y ministerios públicos; y se ha anunciado la creación de un registro unificado, una de las grandes deudas que hemos señalado con anterioridad desde estas mismas páginas.

El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, pero también tiene la obligación de establecer medidas para su prevención y erradicación. Esto requiere la transformación de la cultura de nuestra sociedad, que todavía apoya formas más sutiles de violencia, la desvalorización de la mujer, su cosificación y explotación de su imagen. Pero hay algo más que debemos aprender después del horror de los casos individuales: necesitamos avanzar en un aprendizaje institucional de  todo lo que ha fallado frente a cada caso de violencia consumada.

Ante la noticia del posible archivo de la causa del doble crimen de Lincoln, el desafío es entablar una investigación rigurosa dirigida a responder otros interrogantes para identificar qué falló en las instituciones públicas. ¿Qué denuncias anteriores hubo de esta mujer o de otras? ¿Qué intervenciones, con qué articulación institucional? ¿Qué registro se hizo? ¿Qué seguimiento y formas de contención se ofrecieron? ¿Qué redes de apoyo había a disposición o pudieron construirse?

El acceso a la justicia requiere mucho más que la posibilidad de plantear una denuncia.

En una investigación realizada con el apoyo de ONU Mujeres revisamos las respuestas de los tribunales de familia de la Ciudad de Buenos Aires a las denuncias de violencia. En la gran mayoría de los casos, acogieron las denuncias y dictaron órdenes de protección en menos de 24 horas. Pero aun en el contexto privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires, en ausencia de otros recursos la orden judicial está lejos de asegurar la solución del problema ya que no pone fin a la violencia ni resuelve la gran cantidad de temas vinculados a los que se enfrentan muchas mujeres: dónde y de qué vivir, cómo armarse nuevamente en el plano emocional, cómo insertarse en el mercado de empleo, cómo proveer al cuidado de hijas e hijos.

Todavía quedan muchas preguntas si la decisión es encontrar respuestas más allá de este caso horroroso que, considerado individualmente, es (lamentablemente) sólo uno más.
 

 
 

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