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Aborto no punible: reabren causa contra Macri

 

El fiscal de Cámara Eduardo Itoyz pidió que se reabriera la denuncia iniciada en octubre pasado contra Mauricio Macri. El jefe de Gobierno había revelado la identidad de una mujer que había pedido interrumpir su embarazo producto de una violación.


El jefe de Gobierno de la Ciudad, en un discurso brindado ante periodistas, dio a conocer en octubre del año pasado la fecha y circunstancias en que, según dijo, tendría lugar el primer aborto no punible practicado en un hospital público dicho distrito. Este anuncio fue o bien falaz, o revela la ineptitud de su gestión. El Código Penal dispone desde 1921 bajo qué requisitos las mujeres pueden acceder a un aborto no punible, con lo cual resulta ilógico suponer que desde 1921 hasta el 2012 no hubo mujeres víctimas de violación o cuyo embarazo implicara un riesgo para su salud que quisieran interrumpir la gestación. Algunas de esas mujeres, las que pudieron contar con mayor información, o fueron atendidas debidamente por los servicios de salud, tuvieron que poder lograrlo antes de octubre de 2012, aunque el jefe de Gobierno haya dicho lo contrario. O, si efectivamente se trataba del primer caso de aborto no punible, fallaron durante muchos años los efectores de salud, cuya máxima jerarquía es precisamente el Jefe de Gobierno. 

La polémica generada a raíz del anuncio no se agota allí. Mauricio Macri, al anunciar la fecha y el hospital involucrados, así como datos personales de la víctima tales como las circunstancias de la violación que sufrió, dio información suficiente como para movilizar a los grupos antiderechos y a la prensa a las puertas del hospital. Esto contradecía tanto el deseo de privacidad de la víctima como a la ley misma, ya que vulneró datos personales que debían estar exclusivamente en conocimiento del profesional de la salud involucrado (y no era necesario que hubiera más de uno). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de ese mismo año, dictó el fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva” en el que estipula los alcances del artículo 86 del Código Penal y además hace un llamamiento a remover las barreras que impiden acceder al aborto no punible.

El jefe de Gobierno actuó con total desprecio tanto por el fallo como por la víctima, y a raíz de las manifestaciones públicas, un abogado antiderechos presentó un pedido de suspensión de la práctica, lo que desencadenó un movimiento judicial que retrasó la interrupción y ahondó en el pesar de quien aguardaba ni más ni menos que ejercer un derecho. Tanto Macri, como la Ministra de Salud y el ex director del Ramos Mejía, fueron denunciados e investigados por divulgar información protegida por la Ley de Datos Personales. Las ediciones de los diarios Página12 y Crónica del 14 de febrero dieron cuenta de las idas y venidas en la investigación judicial: el Juez en lo Criminal y Correccional Nº 12, Raúl García dispuso el archivo de la causa, medida que fue apelada por el fiscal de la Cámara en lo Criminal y Correccional Eduardo Itoyz. La Cámara es la que debe decidir si continúa la investigación. Pocos casos parecen contar con pruebas tan obvias: las declaraciones de Macri fueron ampliamente difundidas por la prensa, frente a numerosos testigos, y luego fueron retransmitidas por medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de todo el país. El vulnerar la privacidad de una víctima de violación, que está a la espera de realizarse un aborto, debería tener un costo político alto. Pero cuando se quebranta la ley, debe tener también un costo judicial.

 
 

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