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CLARÍN. OPINIÓN. 11.12.2007

Violencia familiar: obstáculos para acceder a la Justicia

 
Ningún plan será integral si no toma en cuenta las dificultades tanto subjetivas como de orden práctico que enfrentan las mujeres en su recorrido previo hasta llegar a la ley.

Por: Haydée Birgin y Natalia Gherardi
Fuente: ABOGADAS, MIEMBROS DE ELA (EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GENERO)

Los Juzgados de Familia, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, recibieron 4.386 denuncias de violencia familiar durante el año 2006. Esto representa un incremento respecto de las denuncias recibidas durante el año anterior y la tendencia para el 2007 indica que seguirá en aumento.

Del total de denuncias, en 6 de cada 10 casos la víctima es una mujer y, en más de la mitad de los casos las personas denunciadas son los cónyuges o concubinos, seguido por un 25% de denuncias contra el padre.

Según la Cámara Nacional en lo Civil, las mujeres han tenido año tras año el triste privilegio de ser las principales denunciantes como víctimas de violencia familiar en proporciones que hasta el 2005 superaban el 75% de los casos, y que en el 2006 disminuyó al 58% por el dramático incremento de menores damnificados (que pasó de 620 casos en el 2.005 a 2093 denuncias en el 2006).

Este incremento sostenido en las denuncias formuladas desde 1994 no necesariamente implica un aumento en los episodios de violencia familiar. Sólo significa un aumento en el número de casos en los que las personas involucradas han logrado vencer los obstáculos materiales y subjetivos que les impiden el uso de las herramientas legales para acceder a las medidas que contempla la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, vigente desde 1994.

En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es imprescindible reflexionar acerca de las dificultades que expresan las voces de las víctimas y especialistas: qué motivos llevan a las mujeres que conviven con relaciones familiares violentas a sentir que pueden o que no pueden recurrir a las herramientas legales.

A pocos años de sancionada la ley, una investigación señalaba que la mayor dificultad se vinculaba con la falta de acceso a la Justicia: la necesidad de contar como mínimo con patrocinio jurídico gratuito para realizar la denuncia (aun cuando el concepto de acceso a la Justicia sea más amplio).

A más de diez años, el acceso a la Justicia todavía no está asegurado para la totalidad de las víctimas de violencia, ni para personas con otras varias necesidades jurídicas insatisfechas.

La formulación de la denuncia de violencia familiar sosteniendo el proceso que llevará a la resolución del problema crítico es fundamental para comenzar a ponerle fin.

Sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente del ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), sólo el 40% de las mujeres de las principales ciudades argentinas conocen la existencia de la ley de violencia familiar.

Argentina no cuenta con información suficiente acerca de la dimensión del problema, a diferencia de países como Chile o México que han realizado encuestas nacionales para disponer de información estadística fundamental. Se carece de un plan nacional de prevención y protección de violencia familiar. Entre otras medidas, deberían desarrollarse campañas para promover la denuncia por parte de las mujeres que la sufren.

Asimismo, las mujeres —como la sociedad en su conjunto— deben tomar conciencia que el acceso a la Justicia es un derecho y que es responsabilidad del Estado garantizarlo.

Una reciente investigación de ELA sobre las opiniones de expertas y expertos y mujeres víctimas de violencia señala obstáculos adicionales que deberían tenerse en cuenta a la hora de informar las políticas públicas: la denuncia de violencia es la culminación de un proceso previo sin el cual la víctima se encuentra sola, desarmada y expuesta; es importante la generalización del conocimiento entre profesionales vinculados al tema acerca de las características de los vínculos violentos, así como de los lugares que prestan ayuda durante el proceso.

Es imprescindible también llevar adelante campañas de prevención en todos los niveles, particularmente en las primeras relaciones amorosas desde la infancia y la pubertad, cuestionando los preconceptos y costumbres que favorecen el sometimiento y la denigración; debe promoverse el entendimiento del maltrato de cualquier índole en la pareja como motivo para pedir ayuda de modo de favorecer el inicio de la conciencia del problema y de la formación de la red de apoyo necesaria.

La denuncia debe formalizarse en las mejores condiciones, cuando las mujeres cuentan con una red para sostenerla y afrontarla. La optimización del funcionamiento de los circuitos de ayuda incluyendo refugios y subsidios para mujeres o familias que quedarían sin techo o alimentos también resulta importante y en ocasiones indispensable.

Un plan integral para luchar contra la violencia familiar que sufren en proporciones alarmantes las mujeres debe incluir acciones tendientes a la superación de los obstáculos que ellas enfrentan en sus procesos internos. La observación de los estándares establecidos por las convenciones internacionales y la sanción de normas locales que faciliten la operatividad de tales principios son fundamentales para brindar mecanismos efectivos contra la violencia.

Sin embargo, serán insuficientes si no se toma en cuenta la otra cantidad de dificultades tanto subjetivas como de orden práctico, que enfrentan las mujeres en su recorrido previo hasta llegar a la ley.
 

 
 

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