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Clarín. Sociedad. 13/03/2013
Un debate que ya no admite más demoras
 

Por Natalia Gherardi*

Hace un año la Corte Suprema resolvió un caso sobre el alcance del derecho al aborto legal en Argentina, aclarando una controversia interpretativa sobre la aplicación del permiso contenido desde hace casi un siglo en el Código Penal para los embarazos producto de violación. La Corte estableció la interpretación correcta del Código; sostuvo que la interrupción voluntaria de un embarazo es compatible con los principios constitucionales y convencionales; y que es innecesario contar con autorización judicial. Se trata de un acto médico que solo requiere del consentimiento de la mujer y la intervención del médico. Para promover el acceso a ese derecho, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a emitir protocolos de atención hospitalaria que faciliten la práctica aclarando que obstaculizar ese derecho tiene consecuencias civiles, administrativas y penales.

La intervención de la Corte en una sentencia histórica no fue suficiente para evitar que continuaran los obstáculos al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Tanto es así que la misma Corte debió intervenir en un caso de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del cual esperamos conocer pronto las consecuencias que deberán enfrentar las partes involucradas en semejante violación de derechos.

En diciembre de 2012, la Corte Interamericana estableció que la protección de la vida prevista en la Convención Interamericana no es absoluta, sino gradual e incremental; y que no hay un deber absoluto e incondicional de proteger la vida, sino que es posible establecer excepciones a la regla general. Los obstáculos que persisten pese a la sentencia de la Corte muestran los límites del modelo de indicaciones vigente. Si el aborto es legal sólo en ciertas circunstancias (en lugar de ser legal dentro de determinado plazo) esas circunstancias son factibles de interpretación arbitraria, generando obstáculos a veces insalvables cuando el tiempo es un factor clave. Por ello, el debate legislativo para modificar el modelo regulatorio a uno de legalización por plazos no admite más demoras.

*Directora ejecutiva del Equipo La- tinoamericano de Justicia y Género

 
 

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