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Aborto no punible: ¿Heroínas naturalizadas o por opción?

 

Una editorial del diario La Nación cuestiona la sentencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que deja sin efectos los requisitos impuestas por el Ministerio de Salud porteño limitando el acceso al aborto no punible. Al hacerlo, desconoce la ley vigente y naturaliza la idea de las mujeres como madres abnegadas y heroínas, que deben poner en riesgo su vida o su salud para continuar con embarazos, aún en los casos de violación. Un ejemplo de desinformación desde un medio de comunicación.


(Buenos Aires, 9 de mayo de 2013) - La editorial del diario La Nación del domingo 5 de mayo cuestiona la decisión de la Jueza Patricia López Vergara de suspender la aplicación de los artículos del Protocolo de atención de aborto no punible de la Ciudad de Buenos Aires que violan la Constitución Nacional. Al hacerlo, el diario nos recrimina hacer una “nefasta promoción del aborto”. El texto editorial no sólo defiende una posición moral particular que merece respeto aunque no la compartamos, sino que tergiversa el contenido de la ley vigente, el alcance de la acción judicial que impulsamos desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y de los objetivos que perseguimos quienes promovemos el acceso al aborto legal.

La acción judicial que impulsamos desde ELA junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestiona el Protocolo de atención para los casos de aborto no punible aprobado por el Ministerio de Salud de la Ciudad (mediante Resolución 1252/2012) porque en lugar de facilitar el acceso a una práctica médica (la interrupción del embarazo) en aquellos casos en que esto está permitido por la ley vigente, impone requisitos adicionales que no están previstos en el artículo 86 del Código Penal y que contradicen la interpretación que hizo de ese artículo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso FAL s/ medida autosatisfactiva.

Para ser muy claras: el artículo 86 del Código Penal establece que el aborto no será punible (es decir, no será perseguido penalmente) cuando se realice: (i) para evitar un peligro para la vida la de la mujer; (ii) para evitar un peligro para la salud de la mujer; (iii) porque el embarazo es producto de la violación sexual contra cualquier mujer, independientemente de su capacidad mental. Para ser aún más claras: estamos hablando de aquellos casos en los que el aborto ya es legal.

El aborto es legal en tres supuestos en los que se encuentra en juego la vida, la salud y la dignidad de las mujeres ya que continuar su embarazo puede resultar en su muerte, en la afectación de su salud y en la violación de su derecho a la dignidad (ya violado, claro, por el ataque sexual que provocó el embarazo). En esas circunstancias, imponerle a esas mujeres seguir adelante con el embarazo, es obligarlas a ser heroínas.

El derecho no puede imponer conductas heroicas a las personas; lo que por supuesto incluye a las mujeres embarazadas. De eso se tratan los permisos acordados por el Congreso Nacional en la redacción del artículo 86 del Código Penal en el año 1921. Podemos elegir ser heroínas y poner en riesgo nuestras vidas por la “vida por nacer”, pero tenemos derecho a elegir defender y preservar nuestra propia vida, como mujeres ya nacidas que tal vez tenemos afectos (e hijos) en tiempo presente. Podemos elegir ser heroínas y privilegiar el desarrollo del embarazo al menoscabo de nuestra salud. Podemos elegir ser heroínas y llevar adelante el embarazo producto de una relación sexual forzada. Pero nadie puede obligarnos a hacerlo. Se trata de posiciones morales que el derecho ya ha resuelto como igualmente aceptables y cuya decisión queda, por lo tanto, en la intimidad de las mujeres.

Pero si el Estado no asegura a todas las mujeres por igual la posibilidad de tomar esas decisiones permitiéndoles actuar de acuerdo con sus propias convicciones morales, se está afectando el derecho a la igualdad de estas mujeres y se están limitando sus opciones, afectando su autonomía. La forma de asegurar que todas las mujeres podamos tomar la decisión si deseamos actuar o no como heroínas, es a través del sistema público de salud de modo de garantizar el acceso a esa práctica de forma segura, gratuita y legal.

La editorial del diario La Nación asume que las mujeres debemos tener conductas heroicas y desconoce el texto de la ley vigente, además de tergiversar la sentencia de la Jueza López Vergara. No hay nada en esa sentencia que modifique el Código Penal: lo que hace es precisar por qué motivos el Protocolo dictado por la Ciudad contradice la ley y la Constitución Nacional. No habrá más mujeres embarazadas que puedan acceder a un aborto como consecuencia de la sentencia: habrá mujeres embarazadas cuyas vidas corren peligro, cuya salud está en riesgo o que han sido violadas, que podrán interrumpir esos embarazos sin dilaciones y sin trabas burocráticas, de acuerdo con el derecho que las asiste.

Un médico porteño citado en la editorial plantea con aparente preocupación: “antes me podían procesar por matar a una persona si hacía un aborto; ahora me pueden procesar por evitar matarla”. Esta cita resume la confusión. Siempre pudieron, siempre es y será posible, procesarlo por no cumplir la ley. De todos modos, preferiríamos pensar que un médico porteño como el citado es capaz de valorar y priorizar la vida, la salud y la dignidad de la mujer que tiene frente a sí, antes que actuar por el temor a una represalia. Queda a salvo, por supuesto, su derecho constitucional a objetar moralmente en conciencia, si ese fuera el caso.

Quienes impulsamos esa acción judicial y quienes trabajamos por el derecho al aborto legal no hacemos una “promoción del aborto”. Muy por el contrario: trabajamos por el derecho a la educación sexual; por la amplia accesibilidad de anticonceptivos; por la prevención de la violencia; por el acceso a la anticoncepción de emergencia. Y por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

 
 

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