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Género y derecho penal: la suspensión del juicio a prueba

 

Con apenas unos días de diferencia, el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes y el Tribunal Oral Criminal Nº 17 en la Ciudad de Buenos Aires tomaron decisiones contrarias ante un pedido de probation en casos de violencia contra las mujeres, haciendo consideraciones distintas sobre la sentencia de la Corte Suprema en el caso "Góngora".

(Buenos Aires, 28 de junio de 2013) - En una sentencia reciente, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó un pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) en un caso de violencia de género; en línea con el fallo reciente de abril de este año de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso  “Góngora”.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes tuvo que resolver en un caso donde la defensa pedía que se le otorgue el beneficio de la probation a un hombre acusado de abuso sexual infantil contra una menor de 13 años. El Tribunal retomó los argumentos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Góngora” y sostuvo que, de otorgarse, se estaría contrariando la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el “acceso efectivo” al procedimiento judicial para las mujeres víctimas de violencia.

Esta sentencia señala expresamente los motivos por los cuales, de otorgarse la probation, el acceso efectivo a un proceso legal y justo se vería claramente vulnerado. En primer lugar, señala que se frustraría la posibilidad de dilucidar la existencia de hechos que prima facie han sido caracterizados como de violencia contra la mujer, en el curso de la investigación, así como también la determinación de la responsabilidad del imputado y la sanción que, en su caso, le correspondería. Luego, la víctima se vería imposibilitada de comparecer ante el tribunal para así efectivizar su acceso al proceso legal y justo.

Es que, tal como fue señalado en la sentencia, la concesión de la suspensión del juicio a prueba implica que se suspenda la realización del debate, etapa donde se discuten las pruebas y en base a su valoración se condena o absuelve. Luego, en caso de que el imputado cumpla lo exigido por la norma durante el tiempo de suspensión fijado por el tribunal, se suspende definitivamente la acción penal. (Artículo 76bis. y 76ter. del Código Penal).

En un sentido contrario, una sentencia del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°17 en la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó expresamente la aplicación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en un caso en que una mujer había denunciado a su marido por el delito de amenazas coactivas, pero que luego había vuelto a convivir con él.  El Tribunal sostuvo que, en caso de denegarse la probation, se llevaría adelante un juicio que determinaría, casi de seguro, la imposición de una pena cuyo cumplimiento se dejaría en suspenso (por el bajo monto de la condena), y dado que la mujer ya se encontraba conviviendo con el agresor, no beneficiaría en nada su situación. Por el contrario, podría generar nuevos hechos de violencia sin la contención que implicaría el seguimiento psicológico del agresor, que el TOC sólo puede ordenar al decidir la aplicación de la probation. 

Los hechos que dieron lugar a las sentencias comentadas son distintos, pero tienen en común que se trata de distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, que ponen en cuestión el alcance de la obligación del Estado de investigar y sancionar.

Es por esto que remarcamos la importancia de la perspectiva de género en el análisis de los casos, ya que hace necesaria una mayor deliberación práctica a la hora de decidir sobre cuestiones que involucren derechos de las mujeres.  En el caso resuelto por el TOC 17, la mujer había aceptado perdonar a su agresor. Sin embargo, cabe preguntarse si esto debe hacer perder el interés del Estado de que estos hechos sean investigados y sancionados. También podemos preguntarnos si la única forma de sanción posible es la privación de la libertad. En todo caso lo que dejó en claro la Corte Suprema y que retomó el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, es que la falta de investigación en sí misma es una violación de los deberes previstos en la Convención de Belem do Pará, ya de por sí con entidad suficiente.


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