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Una sentencia que atrasa 129 años

 

La Corte de Justicia de Salta avaló la enseñanza de religión en las escuelas públicas de la provincia. Un grupo de ciudadanos había presentado junto con la ADC un reclamo colectivo para que el Estado tenga neutralidad en materia religiosa.

(Buenos Aires, 31 de julio de 2013) - El 12 de julio de 2013 la Corte de Justicia de Salta avaló la constitucionalidad del dictado de enseñanza religiosa católica en los colegios públicos de la provincia y determinó que la reglamentación que establece la obligatoriedad de que los padres declaren si sus hijos profesan una religión no vulnera derechos fundamentales.

La decisión, que no resiste el menor análisis en un Estado laico, es aún más llamativa si se considera que Argentina cuenta con una Ley de Educación Común (Ley N° 1.420) sancionada en el año 1884 en que establece la educación universal, obligatoria, gratuita y laica.

La acción de amparo que dio lugar al fallo fue presentada por un grupo de ciudadanos salteños junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), en contra del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 49 de la Constitución local, de la Ley Provincial de Educación Nº 7.546, así como también la inconstitucionalidad e ilegalidad de las actividades de los funcionarios escolares de la Provincia que imponen la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas provinciales. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta había hecho lugar parcialmente al planteo en una sentencia del 23 de febrero de 2012. En esta instancia la Corte Suprema de Salta la revocó.

Los fundamentos de la sentencia hacen alusión a las manifestaciones personales de los habitantes de la provincia equiparándolas a una razón de Estado, en tanto afirma que “La Argentina está jurídicamente estructurada desde su fundación como una nación católica apostólica romana y la Provincia de Salta -en particular-tiene una población mayoritariamente católica. Esto último se verifica en sus múltiples manifestaciones culturales y en las exteriorizaciones de su fe, como por ejemplo, la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro que se realiza todos los años el día 15 de septiembre. Allí es posible constatar la cada vez más numerosa cantidad de habitantes…cuyos hijos se verían privados, por la oposición de un grupo, de ser instruidos en la fe de sus mayores. La decisión de no impartir la enseñanza católica en las escuelas públicas perjudicaría…a los niños de los sectores carentes de recursos, que no pueden concurrir a una escuela privada”.

La sentencia considera probado que, pese a que la reglamentación de la Ley Provincial de Educación establece que debe darse la opción de no cursar religión a quienes manifiesten no querer recibirla, en la práctica “no se actúa con el respeto necesario hacia aquellos alumnos que no desean participar de actos que están directamente vinculados a la enseñanza de la religión, como ser los rezos obligatorios al comienzo de la jornada, la colocación al comienzo de cada día de una oración en los cuadernos, la bendición de la mesa, como también la falta de planificación de una actividad curricular alternativa”.

El fallo no afecta únicamente los derechos de las mujeres, y por ende, parece correrse del eje de las sentencias que habitualmente comenta ELA. Esta decisión de la Corte salteña afecta a todos los habitantes de la provincia, vulnera sus libertades básicas y arremete con uno de los pilares que constituyen un orgullo para el Estado argentino, como es la laicidad de la enseñanza gratuita en todos los niveles escolares. No puede pensarse esta sentencia divorciada de una clara influencia de los sectores eclesiásticos locales, que también muestran su capacidad de presión cuando se encuentra en juego la implementación de una política sanitaria referida a los derechos sexuales y reproductivos. Volver a siquiera tener que debatir el sentido de que un Estado no imponga una determinada creencia religiosa por sobre el derecho de sus ciudadanos de profesar otra religión o ninguna, resulta tremendamente desalentador.

 
 

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