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Comunicar Igualdad. 14/08/2013

Acelerar los pasos para erradicar la violencia

 

Entre fines del 2012 y principios de este año, el Consejo Nacional de las Mujeres anunció una serie de medidas para dar respuesta a los lineamientos que establece la Ley 26485 de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres. Junto a otros organismos públicos realizaron avances en el último período pero queda mucho por hacer. La gran deuda: poner en marcha un Plan Nacional de Acción.

Por Belén Spinetta

En las últimas semanas, tres nuevos femicidios volvieron a conmover a la opinión pública. El primero fue el de Susana Leiva, de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de su casa en Temperley. Como sospechoso del asesinato, fue detenido su marido. El segundo caso fue el crimen de Mariana Romero, una joven de 15 años que recibió un balazo en la cabeza por parte de su pareja, de 40 años, quien además era policía. Ocurrió en Concordia, Entre Ríos. El caso más reciente, y quizás más estremecedor, sucedió en la localidad chaqueña de Quitilipi, donde una joven qom de 15 años, Juana Emilia Gómez, fue encontrada muerta atada a un árbol y con signos de abuso sexual.

Estos femicidios obligan a reflexionar, una vez más, sobre algo que ya parece de sentido común y sin embargo los hechos demuestran que no es así: todos los crímenes por razones de género son evitables. Son evitables en la medida que el Estado asuma la responsabilidad que le cabe a la hora de generar las políticas públicas necesarias para enfrentar la violencia contra las mujeres, violencia que cada vez se hace más visible.

Nuestro país cuenta desde el año 2009 con una legislación de vanguardia, la Ley 26485 De Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales. Esa ley tiene como principal actor al Consejo Nacional de las Mujeres, organismo que ha estado en el centro de las críticas de las organizaciones de la sociedad civil. Ante estas demandas, en los últimos meses se han realizado anuncios que avanzan en dar respuestas a algunas de las preocupaciones. Indagamos en torno a la implementación de estas medidas para conocer qué pasos se han ejecutado y que cosas quedan por hacer; además consultamos a dos organizaciones de la sociedad civil para que nos den su opinión sobre la marcha de estas políticas.

Hacia un registro único de violencia 

A principios del 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) anunciaron la puesta en marcha del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer. ¿El objetivo? Visualizar la problemática y definir cuáles son los tipos de violencia que padecen las mujeres en las distintas provincias con el fin de mejorar las políticas de prevención y de asistencia a las víctimas.

Sin embargo, a más de seis meses de anunciado, es poco lo que se conoce al respecto de la implementación del registro. Para indagar sobre la evolución de ésta y otras medidas lanzadas por el Consejo, COMUNICAR IGUALDAD intentó dialogar con Silvina Zabala – subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres-, pero por problemas de agenda la funcionaria no pudo responder la inquietud. Sin embargo, en el mes de junio Zabala mantuvo un encuentro con distintas organizaciones de la sociedad civil que propusieron entablar un diálogo con el organismo. La Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) difundió los resultados de ese encuentro.

En el mismo, la funcionaria ratificó la firma del convenio con el INDEC, al tiempo que aseveró que éste ya está realizando relevamientos de las distintas organizaciones del Estado, en las provincias y en las distintas jurisdicciones. Según el informe del encuentro, la funcionaria indicó que “en muchas provincias se capacitó a quienes deben hacer el relevamiento” y que hacía fines de año se darán a conocer los primeros datos oficiales. 

Consultamos sobre este aspecto a Romina Pzellinsky, abogada a cargo del Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género, organismo que ya tomó medidas para brindar datos certeros a las autoridades del INDEC que trabajan en el Registro. Señaló que realizaron un requerimiento formal de modificación del sistema de estadísticas de la Procuración para que sean incorporados campos que permitan contar con estadísticas de violencia. “Las estadísticas de la Procuración no eran claras porque no teníamos datos en función de cómo está desarrollado hoy el sistema. Estas modificaciones nos permitirán relevar la información sobre violencia hacia las mujeres”, afirmó. El Programa sobre Políticas de Género de la Procuración es una de las fuentes de las que se valdrá el INDEC para elaborar el registro y las gestiones que señala la funcionaria dan cuentan de que se están dado pasos. La Procuración recogerá información de las causas que tramitan en la justicia nacional vinculadas a los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Vale mencionar que entre los objetivos del Programa que constan en la resolución de su creación  (PGN 533/12) está la de “relevar y sistematizar cuantitativa y cualitativamente información del Ministerio Público relacionada con la desigualdad de género, la discriminación en razón del sexo y el género y la violencia de género”.

Una de las organizaciones de la sociedad civil que ha insistido en reiteradas ocasiones en la importancia de contar con estadísticas de este tipo es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Consultada al respecto, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señalo que “la información más relevante es la que proviene de dos fuentes: por un lado, a través de encuestas para conocer la incidencia y prevalencia de la violencia de género en la población; por otro lado, a través de los registros administrativos en los que se registran las denuncias que efectivamente se formulan ante diversas autoridades u oficinas públicas (policía, centros de salud, fiscalías, poder judicial, etc.)”. En este sentido, el trabajo de la Procuración estaría respondiendo en parte a una de las fuentes: registro de las denuncias que se formulan ante oficinas públicas, en este caso fiscalías. Gherardi aclaró que hay que tener en cuenta que las denuncias efectivamente realizadas “siempre son menores que la violencia estimada en cualquier población porque se sabe que muchos casos de violencia no son denunciados”

Sobre el registro unificado lanzado por el CNM y cuyos datos provendrán de fuentes administrativas a nivel nacional, la abogada señaló que “sería realmente positivo, pero se trata de un esfuerzo enorme que, si se quiere hacer bien, no se logra en poco tiempo”.  La directora Ejecutiva de ELA remarcó que sería importante que el CNM brindara información sobre el proceso, el diseño, los actores y los plazos que están manejando.

En tanto Fabiana Túñez de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, enfatizó que “para un mejor diseño de políticas públicas, en materia de violencia de género es indispensable contar con estadísticas oficiales por eso el anuncio nos parece un paso en ese sentido”. Aunque hizo notar que si bien se relevarán las denuncias, no está contemplada una estadística sobre la cantidad de femicidios. Agregó que el registro “seguramente permitirá un mejor diseño de recursos necesarios para poder dar mejores y más efectivas respuestas en las denuncias y en la asistencia a las víctimas; pero habrá que pensar profundamente en dotar de presupuesto acorde a dichas políticas que emerjan de los resultados de esos relevamientos”.

En 2011 se había encargado a la Universidad de Quilmes (UnQui) la realización de una Encuesta de violencia contra las Mujeres de la que no se conocieron datos. Al respecto, Zabala respondió a las organizaciones que “expertos” habían opinado que la misma no funcionaba, en parte porque se basaba en la Encuesta Permanente de Hogares y el muestreo no era representativo (6.000 muestras). Indicó además que no sabe cómo terminó el tema, mientras que la UnQui no habría entregado el trabajo por falta de pago. 

Un llamado puede salvar una vida

No son muchas las armas con las que una mujer cuenta para defenderse de una agresión. Un teléfono, es un elemento que está al alcance de prácticamente toda la población pero las dudas a la hora de tomar la decisión de pedir ayuda no son pocas: ¿A quién llamo? ¿Qué número puedo marcar? Si llamo ¿habrá alguien del otro lado? ¿Estará esa persona en condiciones de brindarme ayuda?

La Ley 26485 mandata al Consejo Nacional de las Mujeres a crear una línea telefónica de atención a las víctimas de violencia con alcance en todo el territorio nacional. La línea 144 empezó a funcionar a fines de marzo pero como experiencia piloto, de hecho aún no fue lanzada oficialmente y no se encuentra información sobre la misma en la página web del CNM dónde sí figuran otros recursos a los que puede acudir una mujer como al Patrocinio Jurídico que funciona en la ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro promovido por MEI, Zabala indicó respecto a la misma “que su lanzamiento oficial estaba pronto a concretarse y que será atendida por profesionales, contratadas por el Ministerio de Desarrollo Social”.

La ley remarca que esta línea debe ser accesible y debe implementarse “en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen”. Sobre este punto se tienen menos precisiones aunque ya la funcionaria había indicado a medios de prensa que se realizó un relevamiento en todo el país, con las áreas de mujeres de todos los niveles provinciales, para poder dar respuestas y derivar correctamente a las personas que llaman. Otro aspecto a tener en cuenta es que se puede tratar de una emergencia, por lo que del otro lado tiene que haber alguien que pueda dar una respuesta inmediata y cuya efectividad puede depender la vida de quien ha marcado los tres dígitos.

Fabiana Túñez opinó respecto a este tema que “la posibilidad de contar con una línea habilitada a nivel nacional, gratuita que funcione las 24 horas del día los 365 días del año era algo largamente reclamado por quienes trabajamos con víctimas, nos parece central la correcta atención y posterior derivación en el momento que la mujer en situación de violencia se decide a pedir ayuda”.  Debido a que hace muy poco que está funcionando oficialmente, señaló que aún no pueden hacer una evaluación, de todos modos le parece una medida necesaria y correcta.

En el mismo sentido opinó Gherardi: Hemos recibido información de que están trabajando, atendiendo consultas y ajustando algunas cuestiones al mismo tiempo, pero la información sobre su existencia no está siquiera incluida en la página de inicio del Consejo Nacional de las Mujeres”. Agregó que por ahora solo puede decir que le parece bien que exista y que “sobre su funcionamiento podría hablar luego de conocer los informes de gestión que elaboren y difundan periódicamente”.

Es importante remarcar que en Capital Federal funcionan el 137, que depende del Programa Las Victimas contra las Violencia –dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- y el 0800 666 8537, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el número gratuito es el 0800 555 0137, mientras que algunas ciudades del resto del país como Neuquén han implementado su línea local de asistencia. Está por verse cómo será la articulación entre estas diferentes iniciativas y niveles de gobierno. Por lo pronto, la puesta en marcha del 144 ha sido señalada por Zabala como una de las tres áreas prioritarias de la subsecretaría, además del Registro Único de violencia y el Patrocinio Jurídico Gratuito –articulado junto a la Defensoría General de la Nación-, que se replicaría en las provincias.

Las deudas pendientes 

Por otra parte, la Ley 26485 establece en su artículo 9º que el CNM debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Dicho plan deberá articularse y coordinar acciones con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal. Ésta es la gran deuda del Consejo Nacional de las Mujeres; hace más de un año que las autoridades del organismo anunciaron que se trabajaba en el Plan, en ocasiones se aclaró que se trata de un trabajo interministerial que involucra a diferentes áreas del Estado y de ahí la complejidad de la tarea. A pesar de los anuncios, aún no se ha informado con claridad en qué estado se encuentra el proceso  y cuando será lanzado.

Para las organizaciones consultadas, los pasos que se vienen dando son importantes pero no suficientes. En palabras de Fabiana Túñez: “En los últimos años se dieron muchos pasos adelante  en la lucha contra la violencia hacia las mujeres: la sanción de la 26485 y la modificación al artículo 80 del Código Penal, con el agravamiento de las penas por violencia sexista –‘Ley de Femicidio’-, las líneas 144 y 145 de trata , la sanción de la reforma a la ley de trata, la prohibición de avisos de promoción de oferta sexual y otras; pero todavía resta mucho por hacer”. La Casa del Encuentro viene insistiendo para que se ponga en marcha un “Diálogo / Pacto y Consenso Social Político para diseñar un Plan Nacional para la erradicación de la Violencia de Género”, compuesto por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Provinciales, Poder Judicial, Poder Legislativo, fuerzas de seguridad, universidades, asociaciones sindicales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Desde ELA, hacen hincapié en la urgencia de llevar las políticas públicas a todo el territorio nacional. Para Natalia Gherardi, las medidas de las que dimos cuenta en esta nota, “serán conducentes en tanto se efectivicen adecuadamente y con un alcance realmente nacional, pero sin duda son insuficientes”.  Agrega que “hay mucho más por hacer, sin ir más lejos, para cumplir la promesa de la Ley 26.485 de asegurar el patrocinio jurídico gratuito para todas las mujeres víctimas de todas las formas de violencia en la Argentina”. Para la profesional: “No estamos ni cerca de esa situación”.

 
 

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