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Clarín. Opinión. 25/09/2013

El derecho al aborto, nuevamente ante la Corte Suprema
 

Por Natalia Gherardi
Abogada, Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

En una decisión reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó que los derechos de las mujeres están para cumplirse y que, frente a su vulneración, los tribunales tienen obligación de responder con contundencia. Y que el aborto legal está entre los derechos por los que deben velar.

Por tercera vez en 18 meses, la Corte se pronunció sobre el derecho de las mujeres a acceder al aborto indicando que hay consecuencias para quienes lo dificulten.

Primero, el caso "F.A.L." de marzo de 2012 puso fin a una controversia interpretativa sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal que permite la interrupción de embarazos que pongan en peligro la vida o la salud de la mujer, o que sean el resultado de una violación.

La compatibilidad de ese derecho con la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos fue claramente establecida por la Corte Suprema, que marcó los lineamientos para una política pública de salud que garantice el acceso a esa práctica exhortando a los poderes políticos para que dicten medidas en ese sentido.

Además, la Corte advirtió que quienes lo obstruyan enfrentarían consecuencias penales, civiles y administrativas.

Meses más tarde, un nuevo caso llegó a la Corte por el intento de una asociación civil de impedir un aborto legal que se practicaría a una mujer víctima de trata. Lo que debía haber sido un acto médico confidencial terminó siendo comentado públicamente. Como resultado, no sólo se obstruyó el derecho al aborto sino que se violó el derecho a la intimidad, integridad y salud de una mujer por la negligencia de funcionarios públicos, profesionales de la medicina y del derecho. Con su rápida intervención, la Corte Suprema protegió a la mujer y reafirmó la exhortación para que la justicia no intervenga en casos de abortos no punibles.

Ahora, la Corte Suprema volvió sobre el caso para que se examine la conducta de la asociación civil y de su abogado así como también la de la entonces jueza, por parte del Consejo de la Magistratura.
Esta decisión reafirma su advertencia anterior: hay consecuencias para quienes obstruyan el acceso de las mujeres al derecho al aborto y es responsabilidad del poder político nacional, provincial y local garantizar las condiciones para que estas situaciones no se repitan.

El sostenido interés de la Corte se destaca frente al silencio que parece expandirse en otros ámbitos: el Ministerio de Salud de la Nación no asume un rol de liderazgo para impulsar el cumplimiento de la ley en las provincias; las prácticas obstructivas se mantienen en muchos hospitales del país; los protocolos de atención restrictivos no son adecuados a pesar de sentencias que declaran su inconstitucionalidad.

Mientras tanto, sigue el silencio del Congreso que no da tratamiento al proyecto de legalización aún frente a sobradas pruebas de los problemas de implementación del actual sistema de indicaciones.
En plena campaña electoral, sería bueno conocer el compromiso de candidatas y candidatos con la efectiva vigencia de todos los derechos de las mujeres.

 
 

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