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Obstaculizar el acceso al aborto legal tiene consecuencias
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que corresponde sancionar penal y civilmente a quien obstaculice el derecho de la mujer a acceder a un aborto legal.

(Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013) - Esto fue lo que advirtió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2013 en el caso “Pro Familia Asociación Civil c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos”. El caso llegó a la Corte por un conflicto de competencia que surgió en octubre de 2012 a raíz las medidas cautelares que solicitó en distintos fueros (Civil Nacional y Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad) la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia (Pro Familia), ante la negligencia del Jefe de Gobierno Mauricio Macri de haber dado a conocer el día y el lugar en que iba a realizarse el supuesto "primer aborto no punible en la Ciudad". El aborto no punible iba a practicarse el martes 9 de octubre de 2012, sin embargo, una medida cautelar dictada por el juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, entonces a cargo de la jueza Rustán de Estrada, decretó suspender prácticas de aborto no punible "en todos los hospitales de la Ciudad". 

Ante esta obstaculización de la práctica médica, gracias a la rápida reacción del organizaciones y abogadas feministas, con la representación legal de la abogada Josefina Durán (coordinadora del área Jurídica de ELA) la Corte intervino en el caso y en tan sólo dos días resolvió suspender la medida cautelar dictada por la justicia nacional en lo civil, lo cual permitió que el aborto se lleve a cabo en condiciones de legalidad y confidencialidad.  

Es por esto que ahora la Corte resuelve sobre el fondo de la cuestión – antes sólo había resuelto sobre la medida cautelar – frente a un caso que, en rigor, el caso ya devino abstracto. Sin embargo, la Corte utiliza esta oportunidad para advertir a aquellas personas que intervinieron con el fin de obstaculizar el acceso al aborto legal que su accionar debe ser investigado para determinar las consecuencias y sanciones que correspondan. En efecto, la CSJN sostiene que si bien el conflicto de competencia no subsiste no se va a limitar a declarar inoficiosa toda resolución sobre el conflicto sino que "es necesario tomar todas las medidas necesarias para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de  esas actuaciones judiciales deformadas." Declara, entonces, la nulidad de todo lo actuado por el juzgado de primera instancia en lo civil 106, y ordena que se examine la conducta de la asociación peticionaria (Pro Familia) y de su letrado patrocinante, y que por su parte, el Consejo de la Magistratura intervenga respecto del desempeño de la jueza Rustán de Estrada. La jueza ya había renunciado en mayo de 2013 y tenía cinco acusaciones en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, entre ellas, una denuncia formulada por ELA.

La obstaculización del acceso al aborto legal tiene consecuencias. Lo había advertido la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L s/ medida autosatisfactiva”  en marzo de 2012 y lo ha reiterado en esta nueva sentencia. Faltará ahora que se analicen las conductas y se impongan efectivamente las sanciones correspondientes.

 

Enlaces

 - La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales

 
 

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