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Un fallo en contra de los estereotipos de género
 

El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires dictó  sentencia en contra de un hombre por haber amenazado a su pareja. En el caso se habían puesto en discusión los dichos de la víctima ya que no había otras pruebas que confirmaran su declaración para probar la violencia denunciada. 

(Buenos Aires, 25 de octubre de 2013) - En un caso reciente, el Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un recurso de queja contra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en un caso donde se condenó a su defendido por el delito de amenazas. La queja  alega la inconstitucionalidad del pronunciamiento,  en base a una supuesta laxitud probatoria por parte de los magistrados, que habría surgido tras haber enmarcado el caso en un contexto de violencia de género.

La inconstitucionalidad fue denegada en forma unánime por el  Tribunal Superior de Justicia, con votos en conjunto de Ana María Conde e Inés M. Weinberg y el voto separado de Alicia Ruíz.

En el voto conjunto de las juezas Conde y Weinberg, se responde al agravio sobre el supuesto avasallamiento de los principios de igualdad, razonabilidad, inocencia y de la garantía de la defensa en juicio, que se habría producido como consecuencia de la aplicación de los principios de “amplitud probatoria” y de la  “sana crítica”: este cuestionamiento muestra la excepcionalidad de los casos en que las palabras de las mujeres son consideradas en forma sustantiva por la justicia. Contra este argumento de la defensa, las juezas sostienen que los principios de amplitud probatoria y sana crítica no son exclusivos o excluyentes para los casos de violencia de género, sino que se aplican en todos los procesos penales, sin distinción. De todas formas, la sentencia recuerda que efectivamente nos encontramos en un caso de violencia de género, de modo tal que las circunstancias justifican la preeminencia del testimonio de la víctima: “En definitiva, la circunstancia de que el testimonio de la víctima sea el elemento de juicio determinante de la imputación dirigida no invalida sin más a la condena, puesto que la contingencia de que el hecho haya tenido lugar en solitario, justifica suficientemente que la fuente principal de comprobación remita a esa exposición.”

Por su parte, la jueza Alicia Ruíz contesta la apelación del defensor al “sentido común”, para quien “no resulta rebuscado darse cuenta de que las frases imputadas a mi asistido obedecen a una discusión respecto de los intereses de dos personas que en el pasado fueron pareja, sumándole a ello un dato para nada menor, que es la vida en común que representa un hijo”. La jueza sostiene que la defensa está evocando la falsa dicotomía entre la esfera pública y la esfera privada según la cual, a la justicia penal no le correspondería inmiscuirse en los “asuntos de pareja”. En efecto, afirma que el planteo de la defensa se sirve de estereotipos tales como el de “mujer mentirosa” y la dicotomía público-privado, en lugar de dar argumentos constitucionales. Finalmente, sostiene que no sólo debe prestarse atención al testimonio de la víctima, sino que también dadas las particularidades de los casos de violencia de género, las investigaciones deben estar orientadas a la investigación del contexto.

Esta sentencia es un paso muy importante en el camino a la eliminación de los estereotipos de género aún arraigados en el sistema de administración de justicia. Esperamos que repercuta positivamente en las prácticas de otros operadores judiciales, para evitar que las mujeres que fueron víctimas de violencia de género, deban enfrentarse con una nueva modalidad al acudir a la justicia, quizás, más fuerte que la de su propio agresor: la violencia institucional. 

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=3372&plcontampl=3&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4

 
 

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