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Cuando el silencio es salud
 

Dos médicas del Hospital Fernández denunciaron a una joven que llegó a la guardia con un aborto en curso. El secreto profesional debe prevalecer sobre cualquier otra obligación que pudieran tener las y los profesionales de la salud de denunciar un delito del que tomen conocimiento en el marco del ejercicio de su profesión.

(Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013) - Una joven de 28 años fue denunciada por las médicas que la atendieron con un aborto en curso, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Del hospital pasó sin escalas a la comisaría, pese a que quienes actuaron en contra de las normas legales fueron las médicas que formularon la denuncia.

La joven se presentó en la guardia del Hospital Fernández con signos que indicaban un aborto en curso. Las médicas que la atendieron procedieron a inducir el parto y completar el procedimiento indicado en estos casos. La paciente permaneció internada una noche y al día siguiente resolvieron, con el aval de otra médica, denunciarla penalmente.

Así, del alta pasó al patrullero y a una celda durante 10 horas, con las secuelas físicas y psíquicas de lo ocurrido. La causa penal iniciada contra ella concluyó con su sobreseimiento, tal como se sostiene en la jurisprudencia desde 1966: la investigación criminal en base a la declaración del paciente frente al médico viola la garantía de no autoincriminación y el deber de secreto profesional.  El secreto profesional prevalece sobre cualquier otra obligación que pudieran tener los profesionales de la salud de denunciar un delito del que tomen conocimiento en el marco del ejercicio de su profesión. Esto es así por la interpretación del artículo 177 del Código Procesal Penal, y los artículos 277 y 156 del Código Penal.  La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este criterio en el fallo Baldivieso (2010), cuyo eje si bien no giraba en torno a un caso de aborto sino de tráfico de estupefacientes, plantea el mismo debate jurídico en torno qué obligación debe ceder, si la de mantener el secreto profesional  o el deber de denunciar, y se inclina por el primero. Este criterio pone en relieve que, frente al dilema de una persona de no acudir al sistema de salud ya que pende sobre ella la amenaza de la denuncia, debe preservarse el derecho a la vida.

En un caso específicamente sobre aborto, la Cámara de Casación Penal ratificó expresamente este criterio en el caso A.G.Y s/ recurso de casación resuelto en julio de 2012. La Cámara sostuvo que “Aceptar que la detección de abortos consumados sea justa causa para relevar al profesional de la salud del deber de guardar secreto, implica valorar la persecución penal por encima de la salud y la vida no solamente de la mujer que asiste al hospital para paliar una infección potencialmente mortal, sino -en general- de la confianza de la población en que recibirán un trato digno y respetuoso por parte de los servicios médicos.”

En el caso concreto, además, se produjo un hecho de violencia institucional en los términos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Frente a esta situación, preocupa la desatención de los decisores políticos, responsables de diseñar e implementar las políticas públicas de salud. El Ministerio de Salud de la Ciudad, lejos de tomar medidas para que no se repitan casos como la denuncia efectuada, avaló lo actuado, contrariado también los principios constitucionales, la jurisprudencia y las disposiciones legales mencionadas. Cabe preguntarse qué hubiese pasado si la misma mujer hubiera acudido a otro hospital o hubiese sido atendida por otros médicos del mismo hospital: ¿hubiera sido denunciada, o queda a criterio de la discrecionalidad y grado de formación legal del profesional?

Las leyes se presumen conocidas por todos, sin embargo, esta es una falacia del derecho en particular cuando las normas son complejas y las reglas surgen de la interpretación de un conjunto de normas en cuerpos legales diferentes. El personal sanitario no se encuentra necesariamente formado en cuestiones legales ni cuentan con referentes para estas consultas dentro del ámbito hospitalario, lo cual no avala su actuación pero pone de manifiesto la responsabilidad que los decisores políticos tienen en la difusión de información veraz, fijando protocolos de actuación eficaces y respetuosos de la legalidad, que deben ser ampliamente conocidos para garantizar la correcta atención y respeto por los derechos de las mujeres.

Lo que subyace además, como trasfondo, son las tragedias humanas que desencadena la penalización del aborto, que coloca a las mujeres en una situación de vulneración absoluta de sus derechos.

 
 

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