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Un poco más iguales ante la ley
 

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró inconstitucionales los artículos de una ley provincial que regula el régimen de prestaciones de salud y asistenciales provinciales por imponer una discriminación arbitraria sobre las mujeres.

(Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013) - El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió de forma favorable un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una maestra contra la normativa provincial  que regula el régimen de prestaciones de salud. La Ley XVIII Nº 12 establecía que, para extender los beneficios a su cónyuge, las mujeres debían realizar una contribución monetaria adicional que consistía en un porcentaje de su sueldo. Sin embargo esto no era exigido por la norma cuando el solicitante era un varón.

Lo que se cuestiona en particular es la constitucionalidad de los artículos 9 inc. a) y 10, inc. a), ya que clasifica a los afiliados en directos, indirectos, honorarios, obligatorios y voluntarios (art. 6 de la ley) donde la cónyuge mujer, esposa del afiliado directo, es adherida indirecta. En cambio, si se tratara de cónyuge hombre, se lo incorpora como indirecto voluntario, lo que genera una notoria desigualdad en la medida que se debía pagar un porcentaje adicional, por el mismo concepto.

La argumentación del Tribunal apunta a señalar la falta de justificación de ésta distinción en base al sexo, que se presenta como una grave arbitrariedad y por esto, afirma que: "si a estas expresiones le sumamos que no hubo, desde el dictado de la primera ley de creación del servicio de salud para los empleados provinciales, ninguna fundamentación que explicara o justificara mínimamente lo contrario, es decir, por qué las esposas y no al revés, debían sufrir un descuento extra de sus haberes cuando solicitasen incorporar a sus consortes, puedo válidamente concluir que la diferenciación en la aplicación del recargo, es absolutamente injustificada y solo fundada en razones de sexo que nuestras normas constitucionales prohíben de manera contundente."

Concluye entonces que el principio de igualdad de todas las personas ante la ley según la letra y el espíritu de nuestra Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias.

Frente a las posiciones que sostienen que los avances de las últimas décadas ha dado como resultado la superación de todas las formas de discriminación, explícitas y formales, contra las mujeres, esta sentencia nos permite recordar que la igualdad ante la ley todavía no ha sido alcanzada. Por el contrario, es necesario prestar atención, impugnar y cuestionar las normas, reglas y procedimientos que muchas veces mantienen distinciones inconstitucionales en base a la categoría del sexo.


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