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Por la razón o por la fuerza
 

En Córdoba, condenaron a un hombre a un año y un mes de prisión por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de sus siete hijos durante más de cinco años. Surge el interrogante de si la via penal es la solución para disuadir de este comportamiento extendido que deja a niños, niñas, adolescentes y sus madres en situaciones de suma vulnerabilidad.  

(Buenos Aires, 11 de noviembre de 2013) -  El Juzgado Penal Juvenil de Córdoba condenó a un varón, padre de siete hijos, a un año y un mes de prisión por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria durante más de cinco años. Si bien la posibilidad de una condena penal por este hecho está prevista en la Ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley N” 13944), es sumamente inusual que se dicten sentencias de ejecución efectiva por este delito.

La decisión de la jueza no se limitó a analizar la ausencia de pago del condenado sino que tuvo en cuenta el contexto en que H. R. A. decidió sustraerse voluntariamente de sus obligaciones: existía una cuota alimentaria fijada por la justicia civil con la que no cumplía,  cobró asignaciones familiares destinadas a sus hijos que no retiró, la indiferencia afectiva e incluso las agresiones que les prodigaba (ya que, según consta judicialmente, se paseaba en auto delante de la precario garaje utilizado como vivienda en que residen su ex pareja con sus hijos menores de edad y les mostraba muecas de desprecio) y las pericias determinaron que no poseía ninguna patología que le impidiese trabajar.

La sentencia, sin embargo, no es novedosa sólo por la condena recaída y por el análisis de las circunstancias fácticas que rodearon a la ausencia de pago, si no también porque destaca el esfuerzo de la madre para suplir la conducta delictiva de H. R. A., por las alusiones a los datos del Censo respecto de la situación de las mujeres jefas de hogar y por la cita a expertos en el vínculo entre género y pobreza. La mención de la magistrada a los datos estadísticos como parte del razonamiento judicial es una estrategia inusual, que tiene como objetivo comprender cabalmente la precaria situación económica en que suelen quedar las mujeres tras una separación. Textualmente, afirma que “Vale traer a colación que en Argentina hay 4.200.000 mujeres jefas de hogar, el dato del Censo 2010, marca un crecimiento del 49 % de la jefatura femenina con respecto al Censo del 2001” y, hace suyas las palabras de Pablo Roviralta, presidente del Observatorio de la Maternidad, quien destacó que “La soledad de la mujer con hijos (...) en los sectores más vulnerables es una condena segura a una mayor desigualdad y pobreza. En el mejor de los casos -afirman los expertos- son mujeres que se ven obligadas a tomar trabajos mediocres, que además las lleva a dejar solos a sus hijos. O peor: tienen muchos hijos y ninguna ayuda, con lo cual no pueden ni trabajar y caen en la indigencia. La soledad de la monoparentalidad, marcadamente femenina, agrava el escenario: casi la mitad de las madres solteras tiene un trabajo no calificado y más de un tercio de las separadas y divorciadas no son alcanzadas por el beneficio de un empleo registrado”.

Pese a su solidez argumentativa y al acertado análisis que allí se realiza, cabe preguntarse por el grado de utilidad que una sentencia de prisión pueda tener para modificar conductas de este tenor. La magistrada misma manifestó que “Si bien el objeto de este proceso ha sido tramitado también en sede civil, siendo ésta la más adecuada para el reclamo de los derechos de los menores, el mismo ha demostrado ser ineficaz a tal fin, por lo que no queda más que su consideración desde el derecho penal aún en su interpretación más humanitaria no sólo para el acusado, sino también para sus víctimas, como en este caso los hijos del victimario”, y ordenó que en la cárcel en que se aloje se le ofrezca asistencia psicoterapéutica, la posibilidad de finalizar los estudios primarios, capacitarse en un oficio y un trabajo que le permita abonar la mensualidad debida. Estas medidas, y la sentencia misma, tienen sin dudas loables objetivos tales como procurar responsabilizar al H.R.A. acerca el sustento de los hijos y el tornar más justa la situación de la madre a cargo. El interrogante que no logra disipar es la incógnita respecto de la vía penal como la efectiva para disuadir conductas futuras similares, o bien como medio para logar la manutención económica de los menores. Quienes han estado detenidos tienen especiales dificultades para el acceso al empleo, dado el estigma social que pesa sobre ellos. Cierto es también que la mora o el incumplimiento en la prestación alimentaria vulnera derechos humanos básicos, y que es un conducta extendida cuyas consecuencias tornan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres madres en situaciones críticas. La vía penal resulta tentadora frente a conductas tan disvaliosas. Su eficacia o ineficacia, sin embargo, es aun una incógnita.

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