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Nuevas violencias: la valoración judicial de la palabra de las mujeres en los casos de abuso sexual infantil
 

Dentro del ámbito judicial se recurre al supuesto síndrome de alienación parental para desoír las denuncias de niños y niñas abusados, recurriendo a prejuicios discriminatorios contra la credibilidad de las mujeres que denuncian estas situaciones. En un caso reciente, ELA presentó un amicus curiae con argumentos sobre el alcance del derecho al acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia.    

(Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013) - Sin que estemos ni cerca de alcanzar la erradicación de la violencia contra las mujeres, cuando al menos creemos que se ha avanzado en sensibilizar a la opinión pública, en generar cierta conciencia entre profesionales del derecho, encontramos nuevas formas de violencia que se presentan tan abiertamente como antes se sostenían los discursos judiciales más inquietantes responsabilizando a las mujeres por los hechos de violencia física y sexual de los que ellas eran víctimas.

Los avances en el reconocimiento normativo y la implementación de ciertas políticas públicas para abordar el problema de la violencia contra las mujeres ha encontrado en importantes sectores del Poder Judicial una recepción interesante. Las iniciativas de la Corte Suprema de la Nación y de varias cortes provinciales, las respuestas institucionales impulsadas desde los Ministerios Públicos y la mayor capacitación de los operadores de la justicia están dando como resultado mejores decisiones judiciales basadas en argumentos libres de esteroetipos y respetuosos de los derechos humanos de las mujeres. Queda mucho trabajo por hacer para que el Poder Judicial en su conjunto erradique viejas prácticas de discriminación hacia las mujeres, pero podemos afirmar que se está transitando ese camino.

Sin embargo, esos avances no se vislumbran frente a todas las formas de violencia. Encontramos en la violencia sexual y en particular el abuso sexual infantil, una persistente resistencia que se hace manifiesta en la valoración de los testimonios de niñas y niños. Esa resistencia se pone en evidencia, también, en el escrutinio al que se somete a sus madres, mujeres que asumen la formulación de la denuncia como un proceso doloroso y difícil que lleva a la exposición de sus propios hijos e hijas.

Alegar la existencia de un supuesto “síndrome de alienación parental” (SAP) para sostener que las madres influyen en las declaraciones de sus hijos e hijas para que inventen las situaciones de abuso implica adjudicarles  la característica de “mujer manipuladora e instrumental”, recurriendo a prejuicios discriminatorios vedados por nuestro marco legal y constitucional para minar la credibilidad de las mujeres que denuncian abuso sexual infantil. Es más fácil desacreditar la palabra de la mujer que creer las descripciones sin duda inquietantes de niños y niñas que revelan los casos de abuso por parte de personas conocidas o de sus círculos familiares.

Es obligación de todos los operadores del sistema de administración de justicia, y en particular del Poder Judicial, garantizar los medios para que los procesos en los que se analizan estas denuncias sean considerados adecuadamente. Son casos complejos, con muchas ramificaciones, pero el fraccionamiento de estas problemáticas en diversos procesos (ante distintas instancias y competencias) no debe llevar a la revictimización de estas niñas y niños, y sobre todo, no debe convertir la garantía de acceso a la justicia en una promesa vacía.

En un caso reciente, ELA presentó un escrito de amicus curiae acercando argumentos sobre el alcance del derecho al acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia.  En el escrito,  solicita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que se analicen las pruebas reunidas en un caso donde debía investigarse la denuncia de abuso sexual cometido contra las niñas, por parte del progenitor. La Fiscal de la causa consideró que la madre había manipulado el discurso de las niñas, acusandola de padecer el “síndrome de alienación parental” y por ese motivo, en contra de la opinión del juez de instrucción, no formuló la acusación contra el imputado. De acuerdo con el criterio de la Cámara, la querella (la madre) no puede seguir adelante el caso sin la acusación de la Fiscalía, y se ordenaba al juez sobreseer al imputado y archivar la causa. El escrito de ELA solicita a la Cámara que un juez independiente analice las pruebas reunidas a lo largo de cuatro años en el expediente para que la garantía de acceso a la justicia no sea una promesa vacía.

Poco después la Cámara dictó sentencia en el caso, haciendo lugar al pedido de ELA (aunque erróneamente la sentencia de la Cámara parece indicar que el amicus curiae presentado solicitaba la realización de nuevas pericias sobre las niñas, lo cual es incorrecto). Lamentablemente, la valoración que hace la Cámara de las pruebas reunidas lleva al sobreseimiento del imputado. La sentencia fue apelada ante la Cámara de Casación, que deberá resolver sobre todas las constancias de la causa.

Adjuntamos el escrito de amicus curiae presentado por ELA, del que se han eliminado todos los nombres que pudieran llevar a identificar a las partes del proceso.

 
 
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