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La justicia más injusta
 

En Salta un juez le negó el acceso a un aborto no punible a una adolescente que fue violada y golpeada por su padrastro. Aunque la resolución fue apelada, finalmente  la interrupción del embarazo tuvo que realizarse fuera de la provincia.   

(Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013) - El 16 de diciembre se hizo pública en la prensa salteña la noticia de que una adolescente de 14 años, violada por su padrastro y embarazada, solicitó la interrupción legal del embarazo en el Hospital Público Materno Infantil en el que se encontraba internada a raíz de los golpes que le ocasionó el violador,  y el pedido fue denegado por los médicos de la institución.

 La Asesora de Incapaces Claudia Flores Larsen tomó conocimiento de esta situación y presentó un recurso de amparo a fin de que se obstruya la práctica. El juez de familia Víctor Soria hizo lugar al pedido, actuando así tanto los médicos, como la asesora y el juez, en forma manifiestamente ilegal. El magistrado dispuso asimismo que el Ministerio Público comience los trámites para una futura entrega en adopción del niño/a que eventualmente naciera producto de la violación, que se entregue un subsidio a la familia durante la gestación, y declaró inconstitucional el decreto 1170/12 que fijó un protocolo de atención del aborto no punible.

El artículo 86 del Código Penal determina que el aborto es legal en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, o que la gestación sea producto de una violación, siendo ésta la ley vigente desde 1921. El artículo, casi centenario, no admite desconocimiento. En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó en el caso “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, en que se dirimían los alcances del artículo 86, en un caso análogo al presente, ya que la víctima era una adolescente violada por el padrastro que solicitaba acceder a un aborto legal, que el mencionado artículo es plenamente vigente y compatible con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina y con la Constitución Nacional.  No sólo queda reafirmado  que la adolescente salteña tenía pleno derecho a solicitar la interrupción sino que incluso los obstáculos a los que fue sometida por parte del personal sanitario y judicial constituyen hechos de violencia institucional que pueden acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino, en los términos en que la Corte se pronunció en el caso FAL.

La resolución del juez Soria fue apelada tanto por las abogadas de la madre de la adolescente, que la acompaña en su derrotero, como por la Asesora de Menores en representación de la adolescente, y la Fiscalía del Estado. Dado que la gestación seguía progresando con la consiguiente angustia que la situación acarreaba, lo que constituía una revictimización por parte de los funcionarios públicos obstructores de su derecho, se arbitraron los medios necesarios para trasladar a la adolescente a la Ciudad de Buenos Aires, en donde finalmente pudo ejercer su derecho. Que la interrupción legal del embarazo haya podido hacerse soportando las obstrucciones sanitarias, judiciales y mediante un traslado de 1500 kilómetros es un triunfo con olor a fracaso absoluto.
 
 

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