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Investigar la violencia de género, aún sin el consentimiento de la víctima
 

El caso de una mujer que asistió a la Oficina de Violencia Doméstica pero manifestó no querer continuar el proceso judicial fue impulsado por la fiscalía. La Cámara Criminal y Correccional nacional determinó que la continuación de la investigación es obligación del Estado, tal como señalan la Ley de Protección Integral (Ley 26.485) y la Convención de Belem do Pará.

(Buenos Aires, 14 de enero de 2014) - El día 20 de agosto los jueces de la sala IV de la Cámara Criminal y Correccional nacional afirmaron, en una resolución dividida, que era válido continuar con el proceso penal iniciado en base al relato de una mujer que acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), y que manifestó no querer formular la denuncia por las lesiones sufridas.

El Código Procesal Penal establece como principio que todo funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, toma conocimiento de un delito, tiene la obligación de denunciarlo. La particularidad del caso radica en que las lesiones leves, que es como fueron calificados los hechos descritos por la víctima, constituyen una de las excepciones a este principio y la acción penal sólo puede ser impulsada (instada) por la víctima, salvo cuando “mediaren razones de seguridad o interés público”, según el Código Penal. 

La pregunta que se plantearon los jueces fue entonces si procedía considerar que mediaban "razones de interés público" suficientes como para impulsar la investigación penal por el delito de lesiones, aún cuando la mujer hubiera manifestado su decisión de no hacerlo.

El voto del Dr. Filozof, que formó parte del voto mayoritario, afirmó que el interés público que habilita a continuar la investigación tiene fundamento en la Ley de protección integral de las mujeres ante todas las formas de violencia (Ley 26.485) y la Convención de Belem do Pará, que establecen que los Estados parte tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres. 

Por otra parte, el Dr. Lucini afirmó en el voto disidente que la obligaciones estatales de promoción e investigación nacen a partir del pedido de la víctima de acceder a la justicia, y entendió que dichas obligaciones no se refieren “únicamente a respuestas penales, sino que abarca la problemática en toda su extensión, refiriéndose a una asistencia integral de las mujeres  que padecen estos episodios”, y que la “irrupción del Estado con su pretensión punitiva no es prioritaria si la víctima expresamente no la solicita, salvo que las características de la situación permitan interferir que su determinación se ve afectada y no es libre”.

El fallo es interesante porque, independientemente de la conclusión al que arribaron cada uno de los jueces, revela muchas de las tensiones que genera el uso del derecho y en particular del derecho penal como herramienta de resolución de la violencia doméstica, los límites de la intervención del Poder Judicial frente a estos hechos y la difusión de la Ley de Protección Integral y la Convención de Belem do Pará, que son utilizados como fundamento incluso de razonamientos contradictorios. En especial, cabe preguntarse cuán eficaz puede resultar la denuncia e investigación iniciada contra la voluntad de la víctima. Será indispensable pensar en otros aspectos que también aparecen como motivos de preocupación en el voto minoritario: ¿qué otras instancias y alternativas tuvo la víctima para decidir que no deseaba realizar la denuncia? ¿Contó con asesoramiento y acompañamiento suficiente? Y, siendo que el proceso penal continuará contra su voluntad, que se puede presumir que no es libre, ¿tendrá a su disposición un abogado a quien consultarle, en forma gratuita, qué sucede si cambia de parecer? 

El eje puesto en el debate respecto de si las lesiones leves constituyen o no un supuesto de excepción al principio de instancia privada es jurídicamente interesante y relevante desde el punto de vista de cuál será la política criminal a seguir frente a estos casos, pero no es el único tema que debe ocuparnos. Más allá de la decisión que se adopte, no hay que pasar por alto las otras ausencias en el abordaje de los hechos de violencia que revela el caso.

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