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La Corte Suprema de Justicia de Salta resolvió un caso de aborto no punible

 

El máximo tribunal provincial debió pronunciarse ante el pedido de una niña que había sido violada por su padrastro tras el recurso de amparo interpuesto por la Asesora de Incapaces en representación del niño por nacer.

(Buenos Aires, 15 de enero de 2014) - El pasado 27 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de Salta se pronunció sobre un nuevo caso de aborto no punible. El caso surgió a partir del pedido de una niña, C.M.E,  que había sido violada por su padrastro que solicitó practicarse un aborto en los términos del artículo 86 inc. 2 del Código Penal. Frente a ello, la Asesora de Incapaces alegando la representación del niño por nacer, interpuso un recurso de amparo para prohibir la ejecución de “toda práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer”. El tribunal de la anterior instancia en una clara violación de las leyes vigentes y de los derechos de la niña víctima de violación, hizo lugar al planteo e intimó al Estado Provincial para que arbitre los medios necesarios en orden a la asignación de un subsidio, así como también toda terapia psicológica para que C.M.E. pudiera afrontar su embarazo en resguardo tanto de su bienestar como el de su hijo y facilitar una eventual adopción.

Contra aquella sentencia, el Asesor de Incapaces y la madre de la niña C. E., con el patrocinio de las abogadas Graciela Abutt Carol y Mónica Menini presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Salta. 

La decisión de la Corte Suprema hace lugar al recurso de apelación y revoca la sentencia de la anterior instancia. En su fallo la Corte Suprema critica duramente la decisión del juez por ser arbitraria y desconocer el derecho vigente. Recuerda en este sentido la jurisprudencia asentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso F. A. L. y sostiene "la fuerza vinculante que se desprende del reiteradamente citado caso “F., A.L. s/medida autosatisfactiva” (CSJN, 13/03/2012), no pudo ser desconocida por el juez del amparo de manera vacua, cuando, precisamente, el objeto de la declaración de inconstitucionalidad perseguido en la demanda era la denominada “Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles”, dictada para dar satisfacción a la exhortación efectuada por el Alto Tribunal Federal en ese fallo (ver considerandos del Decreto Nº 1170/12)."

Siguiendo esta línea, uno de los puntos particularmente abordados en la sentencia fue justamente la constitucionalidad del Decreto Nº 1170/12, frente al cual la jueza Kauffman tuvo una opinión disidente. La mayoría del tribunal sostuvo que este Decreto "se limita a seguir la interpretación del máximo Tribunal de la Nación en relación a un supuesto legal que, incorporado desde 1922 al Código Penal, resuelve un conflicto normativo y, de reunirse los requisitos objetivos que lo condicionan en determinadas situaciones específicamente regladas, excluye la confrontación que por regla existe entre el aborto y el derecho positivo vigente (art. 86 inc. 2º del C.P.)". En su decisión, la Corte sostuvo que el accionar del juez Víctor Raúl Soria, titular del juzgado de Familia Nº 2 de Salta, fue contrario a la ley y por lo tanto requiere que se examine su desempeño funcional, por lo que remite los antecedentes al Sr. Procurador General de la Provincia. La jueza Kauffman, en su voto, extiendió la necesidad de examinar el accionar de la Asesora de Incapaces por haber impulsado la judicialización indebida de un caso claramente contemplado entre los abortos legales. Sin embargo, esta postura no fue tomada en el voto mayoritario.

Además, la Jueza Kauffman afirmó que deben ser declaradas inconstitucionales aquellas disposiciones de la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles (aprobada por Decreto Nº 1170/12) que imponen requisitos que dilatan u obstruyen una decisión del ámbito de reserva de la mujer que ha sido violada. 

El análisis del fallo, aunque satisfactorio en términos de la reafirmación de los derechos de mujeres y niñas, deja sin dudas un sabor amargo y da cuenta de las enormes dificultades que existen para que las mujeres accedan a su derecho a un aborto no punible. En un contexto en donde son tan sólo ocho las jurisdicciones que poseen protocolos que se han ajustado a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, otras ocho han impuesto requisitos más gravosos, -constituyéndose en obstáculos- y nueve aún no tienen protocolos para la atención de abortos no punibles, esta sentencia no hace más que llamar la atención sobre cómo se sigue desconociendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la valiosa sentencia del caso "FAL" y muestra que es necesario enfocarse en las sanciones hacia aquellos que a través de la violencia institucional obstaculizan sistemáticamente el acceso a los derechos de las mujeres.

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