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El drama no se detiene por falta de una política estatal
 

Opinión: Natalia Gherardi*

La violencia hacia las mujeres es un tema recurrente en los medios de comunicación y la difusión de estas noticias puede leerse como un indicador de la relevancia que cobró el tema para la sociedad. Gracias a esto, una ONG puede reunir y publicar datos que todavía generan más horror que acciones concretas. Argentina no cuenta con un Plan Nacional aprobado y en ejecución para poner en marcha la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia hacia la mujer, aprobada en 2009. Esta falta pone de manifiesto uno de los mayores déficits en las respuestas que diversos organismos del Estado han implementado en los últimos años. Sin una adecuada coordinación entre ellos, las respuestas seguirán siendo parciales, fraccionadas e insuficientes.

Así como crecen las noticias sobre femicidios, también crecen las denuncias por otros hechos de violencia. Pero el acceso a la justicia requiere mucho más que la posibilidad de plantear una denuncia. En una investigación realizada con apoyo de ONU Mujeres en la ciudad de Buenos Aires comprobamos que en la mayoría de los casos los tribunales acogieron favorablemente las denuncias y dictaron órdenes de protección en menos de 24 horas. Pero en ausencia de otros recursos la orden judicial no asegura la solución del problema ya que no pone fin a la violencia ni resuelve los temas vinculados a los que se enfrentan muchas mujeres: dónde vivir, cómo volver a insertarse en el mercado de empleo, cómo cuidar a los hijos.

Son las políticas públicas coordinadas las que deben contribuir al sostén emocional y económico de las mujeres para fortalecer las condiciones para el ejercicio de su autonomía.
 

(*) Directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

 
 

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