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El aborto en debate: se necesita mejor información para una discusión necesaria
 

La (nueva) presentación del proyecto de ley por la legalización del aborto hasta las 12 semanas, acompañado de la firma de más de 60 diputadas y diputados, propone que el Congreso abra el debate de un tema ya ampliamente instalado en la sociedad. Esta iniciativa dio lugar a una enfática editorial del diario La Nación que, lamentablemente, no es un aporte para un debate informado.

(Buenos Aires, 25 de abril de 2014) - Con el inicio del nuevo período legislativo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito formalizó la presentación del proyecto de ley para la legalización del aborto. Por tercera vez, un movimiento que reúne a más de 300 organizaciones sociales del país presenta un proyecto de Ley que merece ser tratado por el Congreso antes de perder (nuevamente) estado parlamentario.

El proyecto establece que las mujeres tendrán derecho a interrumpir un embarazo de menos de 12 semanas en forma gratuita en el sistema público de salud. Transcurrido ese plazo, tendrán ese derecho en caso de presentar un riesgo para su vida, para su salud, o si el embarazo es producto de una violación, o si el feto padece una malformación grave. Las condiciones para el ejercicio de este derecho se encuentran en línea con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del derecho al aborto, en el ya famoso caso FAL s/ medida autosatisfactiva.

La editorial de La Nación del domingo 20 de abril presenta una opinión que no reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; posición que aunque no compartimos, merece respeto. El problema es que la editorial presenta información que a nuestro juicio confunde los términos del debate.

En primer lugar, manifiesta “sorpresa” por la aparente contradicción entre el orgullo que muchos argentinos sentirían por la designación de Jorge Bergoglio como Papa (“comenzando por la Presidenta”, dice el diario) con el acompañamiento de parte de un grupo de diputados a este proyecto de ley de legalización del aborto. Las convicciones religiosas merecen el respeto y la protección de la Constitución Nacional, del mismo modo que también lo merecen las convicciones no religiosas. El culto de un número mayor o menor de la ciudadanía no puede ser argumento para dejar de lado el derecho de otra parte de la ciudadanía (en el número o proporción que sea) a expresar convicciones diferentes, en particular en un estado laico que declara reconocer amplia libertad para decidir el plan de vida que cada persona desea seguir. En ese respeto se encuentra la base de la cultura democrática.

En segundo lugar, la editorial se extiende en consideraciones sobre el inicio de la vida y la especificidad del ADN del feto, diferente al de la mujer, concluyendo que “la existencia concreta de un nuevo ser torna fútiles todas las discusiones al respecto”.  Además de que tan concluyente afirmación sobre el inicio de la vida está lejos de contar con la aprobación unánime de la comunidad científica, lo cierto es que determinar cuándo se produce el inicio de la vida es irrelevante. No hay dudas de que un feto en gestación es vida y que es distinta de aquella de la mujer. La pregunta relevante es, en todo caso, en qué circunstancias se considera que es posible poner fin a esa gestación.  Ese no es el debate que se necesita para tratar el  proyecto de ley presentado. Ese es  un debate que dado en la sociedad argentina. Un debate que se saldó con una ley que rige desde hace casi un siglo: hoy en día se interrumpen embarazos por diversos motivos en el marco de la ley (cuando corre riesgo la vida de la mujer, corre riesgo su salud o el embarazo es producto de una violación) y la decisión del derecho penal vigente es no perseguir esas conductas (artículo 86 del Código Penal). El proyecto no introduce, por lo tanto, ningún cambio en ese sentido. El cambio fundamental que introduce es no requerir la explicitación de un motivo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas.

En tercer lugar, la propuesta de La Nación sería respetar “el derecho a vivir que le asiste a la persona por nacer” ya que “el camino no es matarla, sino ayudarlas a ella y a su madre a seguir adelante con el embarazo y, en última instancia, dar ese niño en adopción” ya que “no es justo ni humano procurar el paliativo de las mujeres que han sido víctimas de una violación eliminando la vida de otra persona”.  No se comprende el criterio de justicia que se utiliza cuando tal propuesta aceptaría la utilización de la mujer como un medio para asegurar otro fin, aparentemente de un valor superior que la propia dignidad e integridad de la mujer. Y mucho peor aún cuando se tratara de casos en los que la vida esa mujer pueda ser puesta en peligro debido a la continuidad de la gestación (muchas veces elegida, deseada, planeada) enfrentándola entonces al dificil dilema si elige preservar su vida poniendo fin a la gestación. Si la vida de la mujer está en juego, ¿tampoco aceptaría el criterio de justicia que propone la editorial la interrupción del embarazo? ¿Debe la mujer ser obligada a asumir una conducta heroica? No hay nada en el derecho argentino que apoye semejante conclusión.

Si en Argentina hay escasas estadísticas (entre otras cosas, sobre violencia y salud sexual y reproductiva) no es precisamente responsabilidad de las organizaciones que promovemos los derechos de las mujeres. Pero los datos disponibles no hacen sino confirmar las posiciones que sostenemos: en Argentina se produce 1 aborto por cada 2 nacimientos. Esto es una cifra inaceptable, una de las más altas en América Latina. La propuesta de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está lejos de afirmar que la legalización de esa cantidad inaceptable de abortos, sea la solución, como parece sugerir La Nación. Muy por el contrario, basta recordar el lema que guía sus acciones: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". 

Este lema, que resume los objetivos que se persiguen con el proyecto presentado ante el Congreso, es muy distinto al que propone la editorial de La Nación que reclama una “política de Estado para la defensa de la vida, de la educación y la protección del a mujer embarazada y el fomento de la adopción” como “verdaderas metas por alcanzar”. 

No estamos de acuerdo: el objetivo de una política de Estado debe ser el respeto integral por los derechos de las mujeres y de las niñas, no solo cuando están embarazadas, sino mucho antes, desde su nacimiento y a lo largo de su vida. La vida de ellas. La que quieren mantener, a pesar de las convicciones contrarias que proponen su sacrificio.

 
 

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