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Violación marital y consentimiento
 

Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal revocó una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal nº 16, que había sido denunciada por ELA en un informe presentado ante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2013.

(Buenos Aires, 30 de junio de 2014) - La Cámara Federal de Casación Penal en una excelente sentencia revocó una decisión que había negado los derechos de una mujer que había sufrido reiteradas violaciones por parte de su marido. La decisión revocada había sido duramente cuestionada por ELA en julio de 2013 por cristalizar la violencia institucional que se ejerce desde el Estado en casos de violencia contra las mujeres.

En aquella ocasión señalamos que la perpetración de actos de violencia en contra de las mujeres, física y psíquica, en distintos grados y con diferentes caras, responde a la presencia de patrones socioculturales según los cuales se tolera el maltrato hacia las mujeres. Además de encontrarse en superioridad física, económica o de poder de algún tipo, los varones violentos actúan con la anuencia de la sociedad y, lo que es peor aún, del Estado que muchas veces permite que estas situaciones permanezcan impunes, bajo los más insólitos argumentos. Aquella sentencia había sido una clara muestra de ello.

En una sentencia del 22 de marzo de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 habia reflejado a través de sus argumentos la naturalización de la violencia amparada por el Estado.  El voto de la jueza Bertola no negaba el hecho de las violaciones cometidas por el marido a la esposa en el marco de una relación violenta, sino que sostuvo que el hecho de que estos actos hayan sido “tolerados” los habría convertido en algo consentido, pese que a renglón seguido se señalara que esto se hacía por miedo, o por la presión que significaba para la mujer. Razonamiento que denunciamos por ser claramente contrario al derecho interno argentino que, a diferencia de lo que interpreta la jueza, no exige que para que se configure el delito de violación exista resistencia, sino que no haya habido consentimiento.

En la misma línea se pronuncia la Cámara Federal de Casación Penal en su sentencia del 25 de abril de 2014 cuando advierte en el voto del juez Slokar –al que adhiere la mayoría- que "La dinámica descripta es conducida voluntariamente por el agresor y logra mantener a la víctima sometida, explotando alternativamente su miedo a sufrir nuevos o peores ataques o la esperanza de una reforma en la actitud del compañero. Empero, ello de ninguna manera significa que exista consentimiento respecto de los hechos que el propio tribunal calificó como abusos sexuales. Resulta de allí la flagrante contradicción en la que incurre la fundamentación de la sentencia cuando refiere a “abusos sexuales consentidos”.

Otro punto cuestionado de la sentencia absolutoria consistió en tener en cuenta el “contexto cultural del acusado”, con el cual se hacía alusión a la nacionalidad paraguaya del hombre como un elemento que lo eximiría de responsabilidad. Según este argumento, el imputado habría obrado influenciado a tal punto por su cultura, creyendo que tenía derecho a obligar a su esposa a tener relaciones sexuales cuando él quisiera. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 alegó que de acuerdo con una “norma cultural” de las personas de la República del Paraguay, los varones al tener personalidad machista y dominante consideran que las mujeres con las que se casan son  de su propiedad y deben someterse a sus demandas. Sin embargo, esta “normal cultural” parece no ser aceptada por la víctima, quien de haber entendido que el accionar de su marido se hallaba inmerso en una tradición compartida jamás hubiera formalizado las denuncias. Contra este razonamiento, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que: "Resulta inadmisible sostener que una persona, por ser paraguaya, se ve impedida de comprender que no tiene derecho a violar a su esposa, toda vez que no existe una regla general que establezca aquella permisión ni en la República Argentina, ni en la ’Villa 21’, ni tampoco en la República del Paraguay; muy por el contrario, las convenciones sobre derechos humanos de las mujeres se encuentran vigentes en todos estos espacios".

Finalmente, señalamos que en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 se abordaba la situación de violencia como un problema privado, al cual se aludió incluso como “la problemática de esta pareja”. Contra ello la Cámara afirmó con acierto: "Este defecto en la inteligencia de los hechos es una dificultad que se advierte frecuentemente para la intervención en las situaciones de violencia íntima; sobre ello, esta sala lleva dicho que: ’se vincula con la concepción según la cual las relaciones de pareja pertenecen al ámbito de lo privado y que cualquier intervención estatal en aquella relación es ilegítima o contraproducente. Pues bien, la falta de intervención oportuna del Estado en favor de la protección [de la mujer], el ´respeto´ por la intimidad conyugal, ha abandonado a su suerte a los más débiles dentro de las relaciones de poder y sometimiento existentes en aquella familia’”.


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