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Comunicar Igualdad. 30/06/2014
Fallos de Mauro Divito: un estereotipo del sexismo en la justicia
 

Descreimiento de la palabra de la víctima, desautorización de informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, apelación a estereotipos de género machistas o desacreditación de informes médicos que acreditan lesiones son algunos de los argumentos que recorren sistemáticamente las sentencias del camarista Mauro Divito. Se trata de uno de los integrantes de la salsa 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Perfil del modus operando de un juez sexista.               

Por Belén Spinetta

Cuando se pone la lupa de género sobre la justicia, suelen emerger los múltiples estereotipos y sesgos machistas que recorren las sentencias. Sin embargo, son pocas las veces que se encuentran dichos estereotipos condensados en las resoluciones de un solo magistrado. Desde COMUNICAR IGUALDAD nos llamó la atención el tenor de las argumentaciones del juez Mauro Divito, uno de los 3 integrantes de la salsa 7 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Justicia Nacional, en los casos que le tocó fallar sobre hechos de violencia de género, desde lesiones a abusos sexuales. Consultamos a dos abogadas e investigadoras con perspectivas de género, quienes nos aportaron su mirada profesional y especializada.

El sexismo en la justicia no es privativo de magistradxs específicos, sino que tiene que ver con una forma de juzgar en la que está naturalizada la desigualdad de género. Poner la lupa sobre fallos específicos permite ver la cocina de esta naturalización de la violencia y la discriminación.

La palabra no alcanza, los golpes tampoco

Cecilia Gebruers, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), comentó que desde el análisis que realizan en el Observatorio de Sentencias Judiciales, notaron que en los argumentos de los votos del magistrado “lo que se repite es una completa falta de valoración del testimonio de las mujeres, sosteniendo que los casos se reducen a las manifestaciones de la propia damnificada”. Esto es así incluso en casos donde se cuenta con informes psicosociales elaborados por la Oficina de Violencia Doméstica en los que se concluye que la situación de la víctima es de “altísimo riesgo” y se cuenta incluso con informes médicos que constatan la existencia de lesiones.  “Aun cuando la lesión denunciada por (…) ha sido acreditada por el informe médico extendido (…) cabe ponderarse que B.D.O negó haberla agredido físicamente. De esta manera los dichos de la citada (…) y el examen aludido constituyen evidencias insuficientes”, argumenta Divito en un fallo de diciembre de 2012 donde votó a favor de revocar el procesamiento de un acusado de golpear a su pareja. En esa oportunidad, su opinión fue en disidencia por lo que finalmente se mantuvo el procesamiento.

En cambio, en una sentencia anterior, de agosto de 2012, en la que una mujer denunció a su ex pareja por lesiones y amenazas,  el voto de Divito fue decisivo para revocar el procesamiento del agresor. En aquella oportunidad opinó: “Se  atribuye al imputado  el  haber amenazado y lesionado a (…), a quien el 28 de agosto  de  2011,  a  las  22:00,  estando  en la vía pública, le habría  dicho  ‘si  no  estás  conmigo  no estás con nadie. Si no fuera  porque  voy preso, ya te hubiera matado’ momento en que la sujetó  del  cuello  con ambas manos y luego la arrojó contra las escaleras del inmueble sito en (…) de este medio. En  mi  opinión los dichos de la damnificada (…) y el informe que acredita  que  presentó  lesiones  (…)  constituyen  evidencias insuficientes  para concluir en una asignación de responsabilidad a  (…)”. En ese fallo, el camarista Gustavo Bruzzone adhirió al voto de Divito, mientras que Rodolfo Pociello Argerich votó en disidencia remarcando que “la existencia del suceso que damnificara  a (…) se encuentra en principio corroborado con el informe  médico de la Oficina de Violencia Doméstica que constató las lesiones (…) y con los dichos de la nombrada (…); y agregando que “la prueba más  trascendental en la causa son los dichos de la víctima”“que los  elementos  reunidos  deben  evaluarse  bajo la directriz que establece  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” y que “la  conducta  del  imputado afectó claramente la ley 26.485  de  protección  integral  de  las  mujeres”.

Gebruers afirma que lo que subyace en las resoluciones de Divito es claramente el  estereotipo el de la “mujer mentirosa”, “lo cual es reprochable, no sólo porque el Estado se ha comprometido a partir de la ratificación de la CEDAW y de la ley 26485 a eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, sino porque de esta forma se está ejerciendo nuevamente violencia contra la mujer, ahora revictimizándola desde el Estado, es decir, ejerciendo violencia institucional”. La especialista enfatiza que justamente por tratarse de un caso de violencia doméstica, donde la víctima suele encontrarse sola cuando es agredida, el testimonio de la víctima debe ser tomado como el elemento central de prueba, tal como lo dejó sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Cantú.  Y agrega que otro punto que es llamativo en los fundamentos de Divito es el desconocimiento absoluto del trabajo realizado por la Oficina de Violencia Doméstica, ya que repetidamente niega que la misma tenga las “facultades necesarias para que las denuncias y los informes que se elaboran desde allí sirvan de prueba, cuando es sabido el gran avance que significó para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia la creación de la OVD”.

La abogada de ELA señala que todo su argumento está armado de modo tal que siempre se concluye que las evidencias son insuficientes, pero enfatiza que actualmente sus votos en estos temas son en disidencia, “por lo que afortunadamente no se resuelve según su voto, hecho que de todas maneras no le quita gravedad al asunto”.

Cuando la violencia vuelve de manos del Estado

Mariana Alvarez, abogada Tucumana -especialista internacional en derechos humanos, género y políticas públicas-, se encuentra investigando actualmente sobre la apreciación y valoración de la pruebas en delitos sexuales. Sostiene que el sexismo en la administración de justicia es una de las prácticas discriminatorias y de violencia institucional hacia las mujeres más difíciles de desmantelar:“en particular cuando nos referimos a la administración de justicia en materia de delitos sexuales, podemos encontrar rasgos de ese sexismo impregnado en sentencias que recrean estereotipos,  y que intentan justificar las soluciones a las que arriban bajo el manto de la dogmática penal”.

Alvarez analiza que “como si los avances legislativos en materia de protección de los derechos fundamentales de las mujeres no hubieran hecho mella alguna, en la forma de razonar y aplicar el derecho penal, nos encontramos con sentencias que revictimizan y cuestionan a niñas y mujeres por haber padecido alguna forma de violencia de género, en particular si ésta es sexual”.  Remarca queponer en análisis la conducta sexual previa o la experiencia sexual de la víctima para relativizar la violencia sexual ejercida sobre la misma, es uno de los estereotipos más reiterados en el accionar de la justicia penal. En ese sentido resulta  ejemplificador el voto del Juez Mario Divito en una causa de noviembre de 2011 en donde para exculpar de responsabilidad penal al imputado manifestó: “se atribuye a (…) haber abusado sexualmente de (…) aprovechándose  aquél  de su mayoría de edad -tenía 21 años- y de la inmadurez sexual de la víctima, quien contaba con 13 años. Concretamente,  el  causante  habría  introducido sus dedos en la vagina de la niña, quien asimismo le habría practicado sexo oral. Luego  de  una  detallada  lectura  del  sumario,  estimo que los hechos  comprobados  no  se adecuan a los requisitos exigidos por el  tipo penal previsto en el artículo 120 del C. P. en el que se encuadró la conducta de (…). Cabe  recordar  que  para  que se configure ese delito la víctima debe  carecer de experiencia sexual. La inmadurez o inexperiencia sobre  la  materia es lo que vicia el consentimiento otorgado por aquélla,  en  el  entendimiento de que no ha podido comprender la significación última del acto. (…) sin  perjuicio  de  lo  informado  por la Licenciada  en  Psicología (…), en cuanto a que “…los comentarios y  expresiones  de A. ponen en evidencia su inmadurez emocional…” (…),  queda  claro  que,  al  momento  del  hecho, la niña no era inmadura  sexualmente,  pues  admitió un conocimiento adecuado en torno de la práctica sexual que realizó.” En esa oportunidad Pociello Argerich adhirió y el acusado de abuso sexual fue sobreseído.

Afirma la especialista tucumana que la palabra o denuncia de la víctima en un delito de estas características resulta troncal, y no necesita ser confrontada para  acreditar su validez, como ocurre en cualquier otro tipo de delito. Sin embargo en otro voto  del mismo magistrado de marzo de 2010, puede leerse: “Es  que  en la encuesta sólo se ha podido determinar que entre la damnificada  y  su  hermano  (…)  medió  una fuerte discusión que culminó  en  un  forcejeo  y la rotura de la bombacha que aquélla vestía.  La  supuesta  agresión  sexual -tocamiento en la vagina- sólo  es  sostenida  por  la  sedicente víctima, ya que carece de respaldo  en  otra  probanza y se exhibe descontextualizada de la situación  de  crisis  que  se  había  gestado por la falta de un cepillo que pretendía utilizar el imputado”.

Mariana Alvarez sostiene que la desvalorización de la palabra de la mujer, “la ausencia de registro de la víctima y su perspectiva en los hechos o simplemente el considerar que la violencia sufrida no tiene entidad es un acto violento de revictimización, que refuerza en  la víctima su situación de subordinación”. Enfatiza que la CIDH tiene dicho con respecto a la violencia sexual que: “dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”. Para la profesional, ejemplo de lo que no debería hacer un magistrado, es lo fallado por el Juez M. Divito cuando avala el sobreseimiento de un imputado en un caso de violencia de género por entender: “que  la  intervención  de  la justicia en conflictos  de pareja… debe estar dirigid[a] a garantizar la sana convivencia  entre  sus  miembros, lo que se encuentra acreditado con  los  dichos  de la damnificada (…), ratificados a fs. (…), toda  vez  que  fue  ella  misma quien refirió [que] ‘nunca quiso llegar  a estos extremos… fue la primera vez que ocurrió un hecho de   violencia  física…  y  por  prevención  radicó  la  presente denuncia’,  agregando que actualmente convive con el Sr. (…), que lo  hicieron  a  los  quince días aproximadamente de la denuncia, sin que haya ocurrido otro episodio de violencia”.

Un largo camino por recorrer

A pesar de que nuestro país ha dado pasos muy importantes en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres -como la sanción de la ley 26.485, la adhesión a la CEDAW o la creación de la Oficina de Violencia doméstica de la Corte- aún es muy  largo el camino que queda por recorrer. Las sentencias del juez Divito son muestra acabada de  la persistencia de profundos estereotipos sexistas y de valores morales legitimadores de la subordinación de las mujeres.

Mariana Alvarez remarca que es “indispensable que las y los operadores jurídicos conozcan no sólo la legislación relativa a la violencia de género, sino también los mecanismos de poder en juego, los llamados ‘ciclos de la violencia’ y la caracterización de la misma, lo cual torna particularmente vulnerable a sus víctimas, ya que por ejemplo son comunes las retractaciones o el retiro de las denuncias por parte de las víctimas y esto puede suceder por diversos motivos, a veces porque el abusador es el sostén económico del hogar, a veces porque lo hacen ante la etapa de ‘arrepentimiento y luna de miel’ del abusador, porque son presionadas por el entorno social y/o familiar”.

El mayor desafío está en impregnar el Poder Judicial de la mirada de género,  sensibilizar a las/os operadores de justicia y desmantelar el imaginario sexista acerca del papel que varones y mujeres jugamos en esta sociedad. Como periodistas, llamar la atención sobre el accionar de los magistrados es nuestro aporte y obligación en ese camino. Está en manos de quienes ocupan los mayores puestos de decisión en la Justicia, el tomar cartas en el asunto.

NOTA: Otras fallos de Divito que se pueden consultar son Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, “P., D. s/ procesamiento”, sentencia del 19 de junio de 2012; “C. Z., C. H. s/ procesamiento”, sentencia del 24 de mayo de 2012; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, “L., C. I. s/ Procesamiento”, sentencia del 13 de junio de 2012; Cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional, “N. C., M. J. s/ procesamiento”, sentencia del 19 de junio de 2012.

 
 

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