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Negar la suspensión del juicio a prueba en un caso de violencia no es igual a tener perspectiva de género
 

Una sentencia del Superior Tribunal de Corrientes muestra cómo una decisión judicial que parece respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, puede apoyarse en argumentos que carecen de una perspectiva de género. 

(Buenos Aires, 28 de agosto de 2014).  En una sentencia con fecha 13 de junio de 2014, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes resolvió no otorgarle la suspensión del juicio a prueba a un hombre que había disparado contra su concubina, que en ese momento sostenía en brazos a su hijo de pocos meses.

El Tribunal resuelve no hacer lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa de Oscar Mazzuchini, contra la sentencia del Tribunal Oral Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes que le niega el pedido de suspensión del juicio a prueba.

Lo llamativo de la argumentación seguida por el Tribunal es que parece centrarse en el hecho de que la mujer se encontraba cargando a un bebé en el momento en que es agredida, y no en el hecho de haber sido agredida ella en sí misma, como mujer. Un indicio del peso relativo que otorgan a la agresión que sufre la mujer en relación con el peligro al que se sometió al niño, queda en evidencia ante la ausencia de cita a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contdra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), aunque también puede verse en el hecho de que la Convención de Belem do Pará se menciona sólo al final y tangencialmente. La violencia ejercida contra la mujer parece ocupar el lugar de “otras razones” a tener en cuenta, restándole entidad al punto que se señaló como argumento principal para no otorgar la suspensión del juicio a prueba en casos que involucran violencia de género. En esta decisión, la justificación surge claramente del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Góngora, al cual se cita, pero sin ahondar en los motivos que hacían de éste un caso de violencia de género y, por tanto, merecedor de especial protección.

En otra nota problematizamos esta medida -el no otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género- por motivos que se referían a su eficacia o no para incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que sufren violencia. En este punto no volveremos a detenernos ahora. Sin embargo, es interesante remarcar una reflexión a la que motiva esta sentencia, y es sobre los argumentos que se esconden detrás de un supuesto  enfoque con perspectiva de género puede no ser tal.

En primer lugar porque es al menos ambiguo el enfoque de género que utiliza el tribunal para fundamentar su decisión: ¿cuál es la preocupación que muestra en relación con la protección de la mujer que sufre la agresión? El hecho de que tuviera en sus brazos a un bebé ¿agrava el hecho o es el principal punto de preocupación en la fundamentación de la sentencia?  En segundo lugar, y sobre todo, porque el Tribunal expresamente señala algo que sin dudas no se prescribe el enfoque de género: el Superior Tribunal responde al alegato de la defensa respecto de las garantías del imputado amparadas por la Convención Americana de Derechos Humanos diciendo que

 

no refuta esos fundamentos con la mera invocación que opone de los derechos del imputado (… ) enfrentados unos con otros, los derechos de la mujer y de los niños tienen primacía sobre los del imputado. De modo que la decisión en ese sentido expresa compasión y respeto por la dignidad de las víctimas menores de edad y, de tal modo, satisface los principios fundamentales de justicia para víctimas de delito adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

Esta sentencia nos alerta sobre la importancia de analizar los argumentos que sostienen respuestas que pueden ser adecuadas. Seguramente el tribunal podría haber llegado a la misma conclusión con otros argumentos. No obstante, no podemos dejar de señalar que una sentencia con perspectiva de género de ninguna manera implica hacer ceder las garantías del imputado en pos de los derechos de las mujeres, sino que requiere considerar fundadamente los derechos en juego para asegurar la protección de los derechos de las mujeres, en el marco del respeto constitucional de las garantías de defensa en juicio. 

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales.

 
 

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