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El Estado debe responder por no proteger a una mujer frente a un caso de violencia de género
 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba resolvió que el Estado es responsable por no haber tomado medidas en un caso de violencia de género que terminó con la muerte de una mujer y su hijo.

(Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014) - La madre y abuela de Q. R. V. demandaron al Estado por no haber actuado correctamente cuando recibió, en agosto del año 2000, más de tres denuncias por parte de la Sra. Q., donde manifestó haber sufrido amenazas, coacciones, ser privada de la libertad y abusada sexualmente por su esposo. Luego de un mes de haberlo denunciado,  su esposo la mató a ella y a su hijo.

El Juzgado de primera instancia había considerado que el Estado no debía responder ya que lo contrario implicaría que éste debería poner guardia policial en la puerta de cada casa. Al revocar la sentencia, la Cámara sostiene que este absurdo planteado por el juzgado no tiene en cuenta que lo que aquí se le reprocha al Estado es su deber de seguridad en una situación en concreto, donde una persona que buscó protección ante una situación de peligro no encontró ninguna respuesta.

La Cámara se detiene a analizar si la omisión del Estado se relacionaba con mandatos expresos, donde es posible identificar claramente la falta de servicio, o si por el contrario se relacionda con una serie de objetivos fijados por ley de un modo general e indeterminado. Así, observa que si bien en el momento de los hechos la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia hacia la mujer (Ley 26.485) no se encontraba vigente ya que fue sancionada recién en el año 2009, sí estaba vigente l la Convención de Belém do Pará, y la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. En ambas normas queda claro el deber estatal de actuar frente a casos de violencia familiar: es a partir de la existencia de un riesgo particularizado sobre una víctima que pesa sobre el Estado un deber de debida diligencia reforzado, que lo coloca en una posición de garantía frente al riesgo de violencia de género.

Justamente es a partir de la obligación derivada del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará que el tribunal fundamenta la responsabilidad estatal. Allí, -además de condenar en forma expresa todas las formas de violencia contra la mujer y comprometerse a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia,- “se establece claramente la responsabilidad del Estado”. En este sentido la sentencia de Cámara afirma:

Es claro entonces que el sistema estatal ante la presencia de posibles casos de violencia familiar, se encontraba, aún antes de la sanción de las leyes específicas sobre la materia (Ley Provincial Nº 9283/2006), obligado a actuar procurando erradicarlos, todo a los fines de prevenir de ese modo consecuencias fatales como la acaecida en los presentes.

A su vez, la sentencia toma en consideración el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “María da Penha”, y el caso “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el primero la Cámara retoma que en el citado informe se valora la existencia de un patrón o “pauta sistemática” en la respuesta estatal, que expresa a juicio de la Comisión una suerte de tolerancia pública con la situación de violencia denunciada, no sólo en perjuicio de la víctima, sino con relación a otros casos idénticos o con características comunes; subrayando que dicha inefectividad discriminatoria crea un ambiente que favorece la violencia doméstica que sufren las mujeres. Respecto del caso “Campo Algodonero”, se destaca que allí la Corte determina el alcance del deber estatal de protección de los derechos frente a los actos de particulares.

Se trata de una sentencia para celebrar, ya que reconoce que el Estado -cuando ha habido una petición concreta de protección- tiene un deber de garante con relación a la acción de los particulares en casos de violencia de género:

No se trata de atribuir responsabilidad estatal frente a cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares. El deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección está condicionado, (…), por el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y por la posibilidad razonable de prevenir y evitar ese riesgo.

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales

 
 

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