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En deuda con los derechos reproductivos
 
Natalia Gherardi y Agustina Ramón Michel.
Especialistas en políticas de género. Integrantes de ELA y CEDES respectivamente


En 1994 Argentina firmó la Plataforma de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo pero con reservas importantes. Resistiendo las transformaciones sociales en la composición de las familias, el Estado sostuvo que el origen y fundamento de la familia debía permanecer inalterable: la unión entre varón y mujer para la reproducción. Además, ante el compromiso de la Plataforma del Cairo con los derechos reproductivos, incluyendo el disfrute de una vida sexual satisfactoria y libre de violencias, y la libertad para decidir procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, el Estado argentino se opuso a que el concepto de “salud reproductiva” abarcara al aborto.

Estas reservas fueron dejadas sin efecto por el Estado argentino en 2013. Esta decisión fue parte del proceso de reconocimiento de los derechos de todas las personas, entre los que se encuentran la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, la comprensión del aborto como una práctica de salud y un derecho de las mujeres no ha sido objeto de un compromiso político similar.

Mientras que en el caso “FAL”, la Corte Suprema de Justicia ratificó que, conforme el marco jurídico vigente, las mujeres tienen derecho al aborto   cuando su vida o su salud están en peligro, o en caso de violación, la mayoría de las autoridades nacionales y provinciales no han adoptado medidas y recursos básicos para garantizar este derecho. Así, el acceso a estos abortos permitidos es dispar entre las provincias. Gran parte de la tarea pendiente es promover políticas activas de salud que contribuyan a incorporar el aborto como una práctica de salud, ofrecerlo en condiciones seguras y legitimar la decisión de quienes solicitan y realizan la práctica.

Asimismo, pese a las demandas de distintos sectores sociales y la presentación de más de cincuenta proyectos de ley, incluido el de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Congreso se resiste a debatir y decidir sobre una reforma legal del aborto más amplia que la legislación actual. Iniciativas como la del sitio web www.despenalizacion.org.ar es un aporte de la sociedad civil para promover el intercambio de información, y reflexionar y debatir fundadamente la política del Estado en este tema.

Argentina asumió compromisos internacionales para promover la vigencia de los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y derechos reproductivos. Más aun, en el proceso de revisión de la Plataforma de El Cairo + 20, el Gobierno ha impulsado consensos regionales –ej. Consenso de Montevideo de 2013- para impedir el retroceso en los derechos conquistados. Sin embargo, en el ámbito nacional todavía no se ha logrado asertividad y compromiso con el tratamiento que las mujeres merecen respecto a la decisión de interrumpir un embarazo.

 
 
 

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